Alberto José Márcico, “El Beto”, fue uno de los ídolos del Boca de los años ‘90, y su emotivo recuerdo en el fútbol todavía sigue en pie apara toda una generación.
Cuando dejó el deporte, se convirtió en empresario y se dedicó al rubro inmobiliario: integra diversas empresas desde mediados de la década pasada, según el Boletín Oficial, como Los Lofts De Godoy SA, o Edificio Migueletes 1286 SRL. Lucas José, su hijo, también figura en la sociedad. Con el tiempo, quienes hicieron negocios con ellos los llevaron a la Justicia, con un expediente en el fuero penal que comenzó en 2019, con múltiples demandas en el fuero civil. Aseguraron haber sido engañados en una serie de operaciones inmobiliarias a valor dólar, con la compra de propiedades que supuestamente nunca fueron entregadas.
Ayer jueves, tras una larga investigación a cargo del fiscal Andrés Madrea, Márcico y su hijo fue elevado a juicio por la jueza Alejandra Ailliaud, a cargo del Juzgado N°39, luego de que Madrea cerrara la instrucción en su contra. Los delitos de los que se lo acusan: 22 hechos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados cometida en forma reiterada, aseguran fuentes judiciales a este medio. En 15 de esos casos “se verifica concurso ideal con el delito de defraudación por estelionato”, aseguran fuentes de la causa. El estelionato, por definición, es vender como propio un bien ajeno.
El Tribunal Oral N°1 estará a cargo del proceso, según el sorteo de la Cámara Criminal y Correccional, según confirmaron fuentes judiciales.
Vintage: Márcico en sus años en Boca.
La misma Cámara confirmó en junio los procesamientos de Márcico y su hijo. El expediente, con varias víctimas que se constituyeron como querellantes, reseña la historia paso a paso. A la firma Edificio Migueletes, de la cual Márcico es parte desde 2006, se le decretó la quiebra en noviembre de 2018, una decisión tomada por el Juzgado Comercial N°25, con una intimación para que le entregue su contaduría y sus papeles al síndico responsable. Datos de la AFIP revelan años de aportes impagos a empleados de la firma, rescisiones por falta de pago de una ART. Edificio Migueletes es el eje de una de las principales acusaciones contra el ex ídolo boquense.
Por ese desarrollo lo denunció una mujer que compró 16 departamentos y seis cocheras de un desarrollo en la calle Benito Quinquela Martín, con un “convenio de reserva y promesa de venta” firmado por la denunciante y Márcico padre en 2016. Los reclamos con intimaciones y mediaciones en el fuero civil comenzaron dos años más tarde. En 2019, Márcico hijo se presentó ante la Justicia y desconoció el acuerdo. La mujer dijo que había pagado 750 mil dólares por las propiedades.
La Justicia detectó varias supuestas irregularidades según el procesamiento firmado por el juez Caunedo. Por ejemplo, un departamento con cochera que se le había reservado a esta mujer habría sido vendido a otra persona en 65 mil dólares. Otra unidad que también fue prometida a la mujer fue vendida a una pareja en 149 mil dólares. Dos unidades y una cochera, también en el acuerdo original, se fueron por 2,4 millones en moneda norteamericana a otra compradora. El mismo conflicto se suscitó en otro desarrollo en la calle Roosevelt. Una pareja se presentó como querellante en el expediente. Según la acusación en su contra, Márcico padre les gravó con hipoteca un departamento antes de entregárselos.
“Beto” ofreció explicaciones antes de su indagatoria. Un documento de la causa sintetiza una presentación espontánea. El ex jugador dijo que, literalmente, nadie compró nada, sino que le prestaron plata. “Se suscribieron boletos de compraventa con los nombrados en garantía del cumplimiento de las obligaciones del préstamo de dinero otorgado en cada caso; pero en ningún momento fue la intención de los querellantes adquirir los inmuebles. Es decir, no se les vendió ninguna propiedad, sino que prestaron dinero y les retornaron intereses. Frente a los avatares de la economía local, aun no se les devolvió el capital aportado y ello motivó el reclamo formulado”, asevera el documento.
La elevación a juicio firmada por la jueza Ailliaud.
El expediente tuvo una curiosa particularidad, algo que no suele verse en Tribunales. Márcico y su hijo pidieron a través de sus defensas que la Justicia los autorice a viajar a Punta Cana en julio de este año, para hospedarse en un conocido hotel de la zona de Arena Gorda. Al menos una de las querellantes se opuso, indignada. Madrea no se opuso. Ambos acusados presentaron pasajes de regreso al país.
La jueza Ailliaud autorizó los viajes. Sin embargo, les impuso una caución a los Márcico para hacerlo: si querían ir a Punta Cana, debían pagar 200 mil pesos cada uno.
