La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró crítica con el actuar de la Justicia en la causa por el reparto de los alimentos almacenados en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano. "Se metió a hacer de almaceneros", cuestionó la funcionaria, quien se sumó a los reclamos oficialistas.
"Fue una contraofensiva que hicieron los falsos movimientos sociales para desarmar la lógica. En el medio se metió la Justicia a hacer de almacenero. ¿Qué es esto? Decide la Justicia cómo se reparten los alimentos en la Argentina", sostuvo Bullrich, en línea con los reclamos que emitió días atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El jueves, luego de que la Camara Federal confirmara la cautelar que dictó el juez federal Sebastián Casanello, que ordenó al Gobierno a avanzar en la entrega de los alimentos, Francos reclamó: "¿A vos te parece que un juez federal de la Nación y una Cámara le puede decir al Poder Ejecutivo: 'mandenme el plan de distribución de alimentos'?".
Patricia Bullrich se sumó a los reclamos oficialistas contra la Justicia
Este domingo, Bullrich también se pronunció sobre los fallos de Casanello: "¿Qué sabe el juez, para no hablar de la Justicia, cómo se reparten los alimentos? Ese juez procesó la semana anterior mandó a indagatoria a una cantidad de gerentes de la pobreza que se robaban los alimentos, y ese mismo juez salió al otro día a decir "repartan los alimentos", alimentos que no se vencían. Una de cal y una de arena".
"Por qué tengo que salir a repartir por el criterio de un juez y no por una política pública. ¿Qué hace el juez? ¿Hace política con los alimentos? No entiendo. Esto es lo que no podemos aceptar", ponderó.
Sobre los allanamientos a los depósitos de Capital Humano, ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán, la ministra remarcó: "A mí nadie me explica qué pasó. La Policía Federal y la Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y en cada lugar no había ningún alimento vencido".
Además, en un mensaje al Poder Judicial la ministra, que admitió estar "furiosa", denunció que "durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos señores distorsionadores", en referencia a los dirigentes sociales, y cuestionó que a tan solo seis meses de gestión libertaria, la Justicia ordenó repartir los alimentos. "Ningún fiscal lo detuvo para que cuenten la ruta de apriete a los pobres", expuso.
"Ahora que están todos procesados e indagados apareció la Catedral con una mesa de comida, el juez pidiendo que reparta la comida… quiere decir que aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza", criticó e ironizó: "El hambre apareció el 10 de diciembre. Estoy furiosa porque no hay que hacer seguidismo de eso, hay que mirar las cosas con un poquitito más de distancia".
El Gobierno descartó la entrega de alimentos a comedores populares
El pasado 27 de mayo, a raíz de una denuncia del dirigente social Juan Grabois y una investigación del medio El Destape -que reveló que la cantidad de alimentos almacenados rondaba los 5 millones de kilos- el juez Casanello dictó una medida cautelar en la que le ordenó, en un plazo de 72 horas, a la cartera conducida por Sandra Pettovello, a informar el stock y elaborar un plan de distribución de la comida.
Capital Humano, a través de la subsecretaria de legales, Leila Gianni, presentó a su vez un recurso en el que se buscó rechazar la legalidad de la medida, por entender que se estaba judicializando una política pública.
Finalizado el plazo, Casanello informó a la Cámara Federal que el Gobierno no había cumplido con lo dictaminado, y el tribunal integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, avaló la decisión.
El Gobierno avanza en la entrega de los alimentos almacenados
En respuesta, el Gobierno informó que distribuirá la comida entre diferentes escuelas con alumnos vulnerables y no a los comedores populares y merenderos.
Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que no precisa cuáles serán las escuelas. "Se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos", sostiene la comunicación, firmada por Yamila Nano Lembo, designada al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en reemplazo de la salida de Pablo De la Torre.
El Gobierno también se arrogó la determinación de la vulnerabilidad de las escuelas sobre la base de estadísticas del Índice de Contexto Social de la Educación, Índice de Riesgo Infantil y los resultados de las Pruebas Aprender de 2023.
Asimismo, la nota blanqueó una operatoria que el gobierno ya comenzó a ejecutar: el reparto del cargamento de leche en polvo, a través de la Fundación CONIN, del controvertido pediatra Abel Albino.
