El Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos la megacausa de los cuadernos, decidió avanzar hacia el juicio oral en el tramo de la investigación por la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner y los principales empresarios del país. Así como ya lo hizo en el tramo abierto por las anotaciones de Oscar Centeno, los jueces citaron a acusadores y defensas a que en diez días ofrezcan pruebas como paso inicial para llevar el expediente a juicio.
“Cítese a las partes para que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes respecto de todos los imputados (art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación)”, sostiene la resolución firmada este jueves al que accedió Infobae.
Si bien se descuenta que el plazo no se cumplirá porque las partes van a pedir prórrogas, lo cierto es que el Tribunal decide reactivar la marcha hacia un debate público en un juicio en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus ex funcionarios compartan el banquillo de los acusados con los principales empresarios del país.
La prueba por el tramo de las anotaciones de Centeno ya fue presentada, pero ni los acusadores ni los defensores conocen que pidió cada parte. El TOF decidió por ahora mantenerla sólo bajo la órbita del juzgado, indicaron a Infobae fuentes consultadas.
En el caso de la cartelización, son 53 acusados encabezados por Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de la Obra Pública, devenido en arrepentido, José López; y el ex financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. Pero también están los empresarios está el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner. En la lista de los acusados también están los ex funcionarios de Vialidad Nacional -que era el organismo que realizaba los pagos a partir de los cuales se devolvían las coimas- Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola y también el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello.
Algunos abogados defensores llaman a este capítulo de la causa cuadernos “la camarita”. Es uno de los tramos que más preocupa a los empresarios. Fue Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien confesó como arrepentido haber armado con De Vido el sistema de cartelización de la obra pública. Esa estructura consistía en que las empresas decidían cuál de ellas ganaba las licitaciones y luego pagaban coimas a los ex funcionarios. La existencia del mecanismo fue avalada por José López en su declaración como arrepentido. El financista Clarens aportó planillas con los pagos y cobros de las coimas y señaló a las empresas y a las personas involucradas. Explicó además que los desembolsos se realizaban en pesos que luego se cambiaban a dólares o euros y finalmente eran entregados en bolsos a Muñoz.
Cuando estalló la causa de los cuadernos, el juez Bonadio procesó en una asociación ilícita a funcionarios y hombres de negocios. Pero la Cámara Federal le dijo entonces que no podían ser parte de la misma banda porque unos recaudaban y otros pagaban. Entonces dispusieron que solo CFK y sus funcionarios integraran la banda y los empresarios quedaron procesado por entregar coimas. Pero con la declaración de Wagner y las planillas de Clarens, se abrió otro expediente en donde Bonadio volvió a repetir la acusación, aunque se sumaron o se quitaron empresarios y funcionarios según el caso. Ya no solo eran los que aparecían en las anotaciones de Centeno..
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli (por ahora en la silla del Tribunal luego de que la Corte Suprema rechazara su planteo validando su traslado) tienen en sus manos la realización del juicio oral que concentrará una megacausa con varios epicentros: no solo la causa por las anotaciones de Centeno sino todas las causas que se agruparon alrededor de ella. El ramillete de expedientes fue elevado a juicio oral a fines de 2019.
“Se trata –muy probablemente– de la mayor causa de corrupción que, en la historia de la República Argentina, haya sido sometida a la jurisdicción de un Tribunal”, dijo Bonadio en aquel momento. “Se pudo establecer que desde las más altas esferas de la Nación, se sentaron las bases para una matriz de corrupción, que se instauró durante el régimen presidencial de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), y se mantuvo durante los dos períodos presidenciales de Cristina Elisabet Fernández (2007-2015). Más de doce años de corrupción e impunidad, sin solución de continuidad, en el máximo nivel estatal”.
Y añadió: “la investigación se vio promovida por el aporte de ‘fotocopias’ sobre ocho cuadernos, fotografías y filmaciones de Oscar Bernardo Centeno” tiene además otras pruebas: “Más del cincuenta por ciento de los procesados ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos”, resaltó Bonadio. “No se trata de una persecución judicial”, escribió.
Uno de los empresarios arrepentidos, Armando Loson, buscó hace unas semanas ser excluido de la causa, luego de que -en otro expediente- se ordenara un peritaje que demostró irregularidades en las anotaciones en donde se lo mencionaba. Pero el juez Julián Ercolini le dijo que no: las anotaciones adulteradas no eran las únicas en las que aparecía mencionado, y que, además, el propio empresario reconoció pagos en su acuerdo como imputado-colaborador.
