El expresidente Alberto Fernández fue citado a indagatoria por presuntos hechos de corrupción relacionados con el escándalo de los seguros. Fue citado por el juez Julián Ercolini para el 20 de noviembre.
La Justicia había adelantado en agosto que se estaba preparando la citación por la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.
Alberto Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
Además, el juez Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esa reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.
De acuerdo con la Justicia, el decreto 823/2021 firmado por Alberto Fernández “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
La causa empezó por una auditoría interna del gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente, se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
“Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras”, dice el documento.
Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
