La Cámara federal de Casación penal confirmó la condena a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la condena por la causa Vialidad por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos de la fiscalía y de las defensas, con lo que quedan confirmadas las mismas penas y absoluciones que determinaron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022. Por mayoría los camaristas absolvieron a la exmandataria por el delito de asociación ilícita.
Las claves del fallo de Casación Penal que ratificó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad
- En la misma decisión la Cámara también confirmó las condenas -por el mismo delito de fraude a la administración pública- de Lázaro Antonio Báez (6 años de prisión), de José Francisco López (6 años de prisión), de Nelson Guillermo Periotti (6 años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (5 años de prisión), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), de José Raúl Santibáñez (4 años de prisión), de Mauricio Collareda (4 años de prisión) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y seis meses de prisión). A todos los ex funcionarios públicos se les impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también convalidado por el Máximo Tribunal Penal del país.
- Por decisión mayoritaria de los doctores Borinsky y Barroetaveña, se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita, confirmando a su respecto la decisión absolutoria del tribunal oral. El Dr. Hornos, en disidencia, postuló la incorporación de la figura de asociación ilícita en las presentes actuaciones.
- Además, por unanimidad, se convalidaron las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de la acción penal de Carlos Santiago Kirchner -quien fuera acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral solamente en orden al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, art. 248 CP-.
- Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
- El proceso en la etapa de casación incluyó una serie de audiencias que se realizaron los días 26 y 29 de febrero, 7, 14 y 25 de marzo y 4 de abril, todos del año 2024. En el mes de mayo, se continuó con las audiencias restantes. En dichos actos las partes expusieron oralmente ante los magistrados sus posturas y cuestionamientos al fallo del tribunal oral.
- Concluida la deliberación, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal citaron a una audiencia el 13/11/24 para dar a conocer lo decidido.
- Los hechos juzgados remiten a la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.
- Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción. Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa. Los imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras.
- También se responsabilizó a José Francisco López, quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas. Asimismo, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En esa lógica, se destacó la suscripción por parte de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, decreto que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez.
- El perjuicio económico a la administración pública ocasionado por el delito se pudo determinar en aproximadamente 84.000 millones de pesos.
