Julio “Chocolate” Rigau, puntero político del Frente Renovador y procesado por asociación ilícita y 48 casos de defraudación al erario público, ya se encuentra en una casa bajo arresto domiciliario. La medida, concedida en tiempo récord, ha generado un fuerte debate en el ámbito judicial y político de la provincia de Buenos Aires. A pesar de las graves acusaciones en su contra, Rigau logró acceder a una tobillera electrónica, un recurso escaso en la provincia y que mantiene a más de 300 personas en lista de espera.
Tal como anticipó #BORDER, el lunes 23 de diciembre de 2024, se cumplió el plazo para que el Ministerio Público presentara un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Sin embargo, nadie del organismo liderado por el procurador Julio Conte Grand presentó el recurso, lo que permitió que la decisión de dos jueces de Casación quedara firme. Este hecho ha levantado sospechas de favoritismo, especialmente porque la falta de tobilleras electrónicas no impidió que Rigau accediera al arresto domiciliario.
La medida fue ejecutada con notable celeridad, superando en tiempo a la vasta lista de personas que aún esperan acceso a dispositivos de monitoreo electrónico, en particular las tobilleras electrónicas.
El hecho se destaca por dos motivos: primero, la falta de tobilleras electrónicas en la provincia para hacer efectivo el arresto domiciliario, y segundo, la urgencia con la que se concedió el beneficio para un puntero político. A pesar de la falta de equipos de monitoreo, el arresto domiciliario fue otorgado sin contratiempos.
Escasez de tobilleras
Una de las principales dificultades para implementar la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires es la escasez de tobilleras electrónicas, las cuales son esenciales para el monitoreo de los detenidos en sus hogares. Actualmente, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) enfrenta una lista de espera con más de 300 personas que aguardan la asignación de estos dispositivos. Según fuentes judiciales y penitenciarias, la demora en la entrega de tobilleras electrónicas para el monitoreo de los arrestos domiciliarios supera los 30 días, y en el caso de Rigau, este procedimiento se salteó.
El hecho de que Rigau haya obtenido el beneficio sin que se le haya asignado una tobillera electrónica ha generado malestar no solo en el ámbito judicial, sino también en la opinión pública, que comienza a cuestionar si el puntero político ha gozado de un trato preferencial por su vinculación con figuras políticas influyentes.
La falta de transparencia en el proceso judicial
La situación se torna aún más polémica debido a la falta de transparencia en el proceso judicial. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que la decisión de conceder el arresto domiciliario fue tomada en un ambiente de absoluto hermetismo. Pese a la gravedad de los cargos que enfrenta Rigau, el procedimiento judicial se llevó a cabo sin que se presentara un recurso de queja por parte del Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Esto ha levantado sospechas sobre la influencia política en el caso y ha llevado a varios sectores a cuestionar la imparcialidad de los jueces que decidieron otorgar el beneficio. La ausencia de un recurso de queja por parte de los fiscales se considera una señal de debilidad en el accionar del Ministerio Público y un indicio de que no se ha hecho todo lo posible para que la justicia siga su curso con plena transparencia.
El contexto político de Rigau
Julio «Chocolate» Rigau es un destacado puntero político que ha estado vinculado al Frente Renovador durante años. Ha sido señalado como una figura clave dentro del aparato político de la provincia, involucrado en una serie de prácticas corruptas que incluyen la defraudación al erario público y el manejo irregular de contratos en la Cámara de Diputados bonaerense. De hecho, Rigau está procesado por asociación ilícita y 48 casos de defraudación al erario público, en lo que se estima que más de 800 millones de pesos fueron malversados.
La investigación en su contra abarca desde 2021 hasta 2023, aunque la fiscalía, encabezada por Betina Lacki, amplió el alcance de la pesquisa hasta 2002, lo que implica que las maniobras fraudulentas podrían haberse extendido por más de dos décadas. En este esquema, las personas beneficiarias de contratos “ñoquis” no solo no desempeñaban funciones reales, sino que también cobraban sueldos con fondos públicos, desvirtuando el sistema legislativo bonaerense.
La controversia por la morigeración
El fallo que concedió la prisión domiciliaria a Rigau ha sido polémico, no solo por la falta de tobilleras electrónicas, sino también por las implicancias que este tipo de decisiones tiene en el sistema judicial y en la lucha contra la corrupción política en la provincia. Si bien el beneficio de morigeración (prisión preventiva en su hogar) es legal, su ejecución genera dudas sobre la equidad del sistema judicial en el tratamiento de casos de figuras políticas de alto perfil.
A pesar de que en su momento se especuló con la posibilidad de que la medida fuera rechazada o demorada debido a la falta de dispositivos electrónicos, Rigau logró sortear esta barrera y el arresto domiciliario fue implementado sin contratiempos.
La situación de los Albini
Los Albini, Claudio y Facundo, quienes también están procesados por los mismos delitos que Rigau, han solicitado la morigeración de su prisión preventiva. Sin embargo, la fiscalía se ha opuesto a esta posibilidad, alegando que los riesgos procesales siguen existiendo debido a la gravedad de los cargos y al monto defraudado. En este contexto, la lucha por conseguir un arresto domiciliario se intensifica, especialmente considerando que el caso de Rigau podría sentar un precedente en la resolución de los casos de los Albini.
El juez de Garantías Guillermo Atencio ya otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a los Albini, pero la fiscalía apeló la medida, alegando que no se habían tomado en cuenta todas las pruebas en contra de los imputados y que la solicitud de arresto domiciliario era una estrategia para evitar la prisión preventiva.
Un precedente en la lucha contra la corrupción
El caso de Julio “Chocolate” Rigau y los Albini pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial bonaerense para enfrentar la corrupción política. La falta de recursos para el monitoreo de arrestos domiciliarios, la influencia política en las decisiones judiciales y la implicación de familiares en actividades irregulares son solo algunos de los aspectos que generan desconfianza en la ciudadanía.
La resolución de este caso tendrá implicancias profundas en el futuro de la lucha contra la corrupción en la provincia de Buenos Aires. Si la justicia no logra dar una respuesta clara, efectiva y equitativa en este tipo de situaciones, podría sentar un precedente negativo para futuros casos de corrupción política.
Mensaje desalentador
En resumen, el caso de Julio “Chocolate” Rigau y los Albini pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema judicial bonaerense. Si bien el beneficio de la prisión domiciliaria es un derecho legítimo, la rapidez con la que se concedió en este caso, la falta de transparencia en el proceso y la escasez de recursos para monitorear el cumplimiento de la medida plantean serias dudas sobre la eficacia de la justicia en la provincia.
Este caso representa un testimonio de los desafíos que enfrenta la justicia en la lucha contra la corrupción y resalta la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial. La sociedad bonaerense espera que, a pesar de las irregularidades, se logre un fallo firme que actúe como un precedente para futuras investigaciones de corrupción política.
