Luego de una semana que dejó 30 horas de debate, duros cruces en el recinto, enfrentamientos en las calles, y un proyecto aprobado “en general”, comienza otra semana intensa en Diputados, con final todavía abierto, en la que se definirá nada menos que todo el contenido de la Ley Ómnibus, que llegó hace poco más de un mes al Congreso y perdió en el camino doscientos artículos.
La Cámara Baja retomará la sesión este martes desde las 14 con la votación en particular del paquete de reformas, pero se espera una mañana movida en el Congreso. Los bloques ligados a gobernadores aún aguardan una señal del Ejecutivo por recursos para las provincias y que se discutirá un nuevo pacto fiscal. Por otra parte, algunos capítulos clave de la iniciativa corren serios riesgos de caer y otros directamente no cuentan con los votos de la oposición dialoguista, a los que el oficialismo necesitará sí o sí para aprobar cada artículo.
Aunque existían algunas dudas entre diputados de los distintos bloques, en la Presidencia de Diputados, a cargo de Martín Menem, aseguraban anoche que, al estar en instancia de votación, es necesario que haya quorum de arranque, es decir, que 129 diputados estén sentados en sus bancas. Se estimaba que el debate recomience con “cuestiones de privilegio” que, considerando las protestas y detenciones de manifestantes y los choques entre los diputados, se lleven algunas horas de debate.
El viernes pasado, con 144 votos a favor, Diputados aprobó el proyecto que había enviado el Ejecutivo al Congreso, menos el “capítulo fiscal” -que incluía, entre otras cosas, una suba de retenciones y la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria-, tal como había anunciado antes del debate en el recinto el ministro de Economía, Luis Caputo.
Este martes, el oficialismo informará los artículos que se definieron suprimir luego de las negociaciones con bloques opositores y gobernadores en la última semana. Según indicaron tanto en La Libertad Avanza como en el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, el plan sería votar “capítulo por capítulo”, pero en los capítulos más complejos y con mayores disidencias y pedidos de cambios se irá por artículo, o al menos grupos de artículos.
No estaba previsto, por otra parte, permitir la exposición de diputados como durante el debate en general. En cambio, se habilitaría a un diputado por bloque a hablar tres minutos para manifestar la disidencia con un artículo o capítulo o informar el sentido del voto.
“Puede pasar que UxP pida una moción para votar artículo por artículo todo, o que quiera interrumpir la votación cada dos minutos. En ese caso, se hace valer la misma mayoría que votó en contra de enviar el proyecto de nuevo a comisión o que aprobó en general, y se continúa. Pero puede ser trabado”, señalaba una diputada radical que participa de las conversaciones con el oficialismo.
Del grado de acuerdos con el que se llegue a la sesión, o los que se puedan alcanzar durante este martes, dependerá -además del nivel de conflicto que haya dentro y fuera del recinto-, cuánto podría demorar la votación en particular. Los cálculos más optimistas preveían un cierre el miércoles por la noche, con un posible cuarto intermedio en la noche del martes (los cuartos intermedios también sirvieron para avanzar negociaciones). Apenas un cálculo provisorio.
Tanto voceros de los principales gobernadores que fueron electos bajo el paraguas de JxC o el peronismo no K, como diputados que responden a esos gobernadores, aseguraban que no había llegado hasta este lunes a la noche, ninguna señal del Ejecutivo para los mandatarios.
“Hubiéramos sesionado el fin de semana, si era a todo o nada. Se aplazó para intentar abrir algún diálogo y estamos igual que el viernes”, resumía un importante miembro de Hacemos Coalición Federal.
Impuesto PAIS, FGS o recursos: la pelea de los gobernadores
La semana pasada, incluso la aprobación en general del proyecto llegó a estar en duda por momentos. Entre Hacemos Coalición Federal (que conduce Miguel Pichetto, integra el peronismo cordobés, la Coalición Cívica) e Innovación Federal (legisladores de fuerzas provinciales) los gobernadores pueden movilizar una treintena de diputados opositores, sin contar UxP. Es decir, suficientes para hacer caer una votación o el quorum.
Por impulso, sobre todo, de los diputados cordobeses, esos espacios amenazaron con forzar la coparticipación del impuesto PAÍS -algo que la Casa Rosada ya advirtió que vetaría-, si el Gobierno no da alguna señal alternativa que garantice recursos a las provincias.
Incluso propusieron una salida, siempre a la espera siempre de un debate más amplio en el Congreso por una reforma fiscal: que se asegure a través del Fondo Garantía de Sustentabilidad -que el Ejecutivo quería liquidar y pasar al Tesoro- el flujo de fondos para aquellas provincias cuyas cajas provinciales no fueron traspasadas a Nación, pero están armonizadas con los criterios de Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba.
Privatizaciones
El oficialismo cedió ya en el capítulo privatizaciones: redujo el número de empresas que, de aprobarse, quedarían en condición de ser privatizadas, y además las separó en grupos, de modo que diputados con objeciones por alguna empresa en particular importante para su provincia no estarían obligados a rechazar todas en un paquete cerrado.
Aunque la modificación fue bien recibida en la UCR y HCF, en ambas bancadas plantean que debe incluirse mayor control parlamentario en el proceso de privatizaciones y mayores controles de transparencia. En el caso de los radicales habría libertad de acción, pero aseguraban allí que el bloque no sería una traba para este capítulo. Algunos legisladores, sin embargo, insistían en achicar la lista de empresas y votar una por una, no en paquetes.
Emergencias y facultades delegadas
El oficialismo pretende declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, por un año, prorrogable por otro año por decisión del Congreso. El capítulo tiene la particularidad de que sería el primero que se votaría este martes. En los bloques opositores entienden en general que no sería una buena señal política para el Gobierno comenzar así la votación.
Pero hay bastante resistencia entre los dialoguistas en que lo que refiere a la delegación de facultades para la reforma del Estado que incluye permitirle al Ejecutivo “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades” y “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios”, importante para las provincias.
Jubilaciones
Al quitar el “capítulo fiscal”, el Ejecutivo también dejó fuera el artículo que eliminaba la fórmula de movilidad jubilatoria y permitía la presidente definir los aumentos por decreto.
Los bloques opositores planteaban que la fórmula actual se reemplazara por un ajuste mensual por inflación, contra la que los jubilados vienen perdiendo considerablemente. Durante la votación en particular, la Coalición Cívica planteará que se reconsidere esa propuesta, lo que podría forzar a los demás bloques a votarlo.
Seguridad
Hay un capítulo importante para el Gobierno que podría terminar naufragando. La UCR encontró en el modo en el que el Gobierno manejó las protestas de la semana pasada frente al Congreso -que incluyó la detención de una militante radical- el argumento definitorio para finalmente votar en contra de la modificación del Código Penal, que incluye suba de penas, cambios en los criterios “resistencia a la autoridad” y mayor amplitud en el concepto de “legítima defensa”.
Según fuentes parlamentarias, de los 34 diputados de la UCR, menos de una decena acompañaría, y se sumarían rechazos de al menos una parte de HCF y bloques provinciales.
Deuda
El proyecto oficialista propone derogar parte de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que se aprobó durante la gestión pasada, que plantea un límite máximo de toma de deuda en moneda extranjera a partir del cual es obligatorio que el Ejecutivo pase por el Congreso, algo que también genera ruido entre los bloques dialoguistas.
Cultura y Ambiente
El Gobierno no tendrá los votos de la UCR y de HCF para aprobar al menos parte de la reforma ambiental (lo que refiere a la protección de glaciares ante la explotación minera) y el capítulo de Cultura, qué compromete fondos para las artes o la desregula el precio único de los libros.