Mientras el hacker Ezequiel Nuñez Pinheiro viajó desde Eldorado por tierra para ampliar su declaración indagatoria en la justicia porteña acusado de intervenir el teléfono del ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, en Comodoro Py hay tres expedientes que comienzan a tener vínculos con la causa que busca desentrañar una red de presunto espionaje ilegal. Una de las denuncias, en los Tribunales de Retiro, fue presentada por el camarista Mariano Borinsky.
Su celular fue hackeado el 8 de septiembre cuando se realizaban las últimas audiencias previas a resolver sobre la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero. En la causa se confirmó que la operación para suplantar la identidad del juez e ingresar a su celular, se realizó desde Misiones.
El joven de 22 años que desde una localidad de Misiones recibió instrucciones a través de Telegram para hackear quince “objetivos” -como los denominaba él- confesó ante la jueza porteña Araceli Martínez y la fiscal especializada en cibercrimen, Daniela Dupuy, algunos de los nombres del extenso listado. El mismo incluía a jueces federales de Comodoro Py.
La explicación que ampliará este martes ante la magistrada, fue la siguiente: una comunidad de Telegram llamada Dark PFA vendía datos del RENAPER. Incursionó en ese grupo cuando por privado un usuario le preguntó si conocía la técnica llamada “SIM SWAP” o creación de tarjetas SIM mellizas de los celulares.
En agosto del año pasado, y después de una respuesta afirmativa a esa consulta, otro usuario de la misma aplicación le ofreció un trabajo: hackear el celular de quince personas. Por cada “objetivo” cobró 15.000 pesos. Cuando reveló todo ante la justicia, Nuñez Pinheiro identificó algunos nombres, entre ellos el de Mariano Borinsky, el juez de la Sala IV de la Cámara de Casación.
El 8 de septiembre ingresó un mail a la casilla de correo correspondiente a la Sala del máximo tribunal penal que integra el magistrado informando sobre el cambio de chip de su celular. Alguien había tramitado el cambio con los datos personales del juez ante la compañía prestadora del servicio de telefonía celular.
“Ese pedido jamás fue efectuado por mí. En el correo se aclaró que en caso de que no haya sido efectivamente pedido el nuevo chip debía comunicarme con la empresa al número *611. Desconocida la operación y entablada la comunicación con la empresa ésta informó que el pedido fue efectuado por una aplicación de autogestión o internet a las 15.45 hs del día 8/9/22”, detalla la denuncia formulada por el juez.
Para ese momento, la compañía de celulares informó que ya se había activado una línea con su número y en ese momento se pidió la suspensión de todas las líneas que se encontraran vinculadas al magistrado. Así fue que desde las 16.55 del 8 de septiembre hasta las 14.30 del día siguiente, Borinsky perdió el control de su celular.
La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, quien inmediatamente le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), para “establecer la identidad” del responsable de haber realizado la maniobra de sustitución del chip del celular.
Los primeros informes expusieron que la maniobra fue realizada desde Misiones, pero hasta el momento no lograron dar con la persona responsable. Sin embargo, en la justicia federal ya se solicitó a la fiscal porteña Daniela Dupuy la declaración realizada por Ezequiel Nuñes Pinheiro quien admitió que en el listado de “objetivos” que le pidieron hackear, se encontraba el juez Mariano Borisniky. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el próximo paso es “determinar quién dio la orden y financió dichas tareas”.
Cuando el camarista perdió el control de su celular, se encontraban en la Sala IV concluyendo las audiencias vinculadas a la sentencia condenatoria contra Lázaro Báez, el ex socio comercial de Cristina Kirchner.
En ese expediente, conocido como la Ruta del Dinero K, el dueño del Grupo Austral fue acusado a doce años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares.
La sentencia fue confirmada a comienzos de este año. Aquella pena quedó fijada en diez años, confirmando toda la operatoria de blanqueo.
