Los fondos que sustentan la defensa de los rugbiers, son un subtema especial en el caso Báez Sosa.
En off, un abogado confirmó a NOTICIAS que en su momento fue consultado para hacerse cargo de la defensa y que pidió honorarios de 100.000 dólares por defender a cada uno de los imputados. Finalmente rechazó el caso ya que le ofrecían hacer una defensa en bloque. En base a esto se estima que la defensa de los 8 imputados podría llegar a costar medio millón de dólares. Pero además del monto, el orígen de los fondos para defender a los rugbiers podría llegar a ser una nueva arista que complejice el caso aún más, y es que algunas fuentes de la política y la justicia de Zárate vinculan al abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, con el intendente Osvaldo Cáffaro y los negocios con la obra pública en el municipio.
Tomei es socio de Horacio Henricot en el estudio jurídico más poderoso de la ciudad de Zárate. Henricot fue quien impulsó un hábeas corpus en favor de los rugbiers, alegando que se los debía dejar en libertad ya que se habían cometido errores groseros en el comienzo de la investigación. Sin embargo, el hábeas corpus fracasó en todas las instancias en las que fue presentado, y aunque llegó a ser presentado en 2021 frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no tuvo movimientos hasta hoy. Pero resulta ser que Henricot es abogado de Cáffaro en todas las causas de corrupción que pesan sobre el municipio.
Además, la trama se vuelve aun más compleja cuando se toma en cuenta a otro personaje que hasta este momento no estaba siendo nombrado: Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen, uno de los que golpeó con mayor violencia a Báez Sosa la noche de su muerte. Rosalía Zárate fue la secretaria de Obras Públicas hasta que ocurrió el caso de Báez Sosa, y que entonces renunció, aunque muchos sostienen que siguió firmando como si fuera funcionaria. También, voces de dicha comuna afirman que Zárate fue durante muchos años una pieza clave en el andamiaje de los negocios generados con la licitación de obras y que “sabe demasiado”.
El intendente Cáffaro está en el centro de varias causas judiciales, de las cuales la más complicada es la que tramita ante el Tribunal Oral Federal de San Martín bajo las imputaciones de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Se trata del caso de las obras del Electroducto del Barrio 6 de Agosto, donde se acusa a Cáffaro de “haber actuado en el marco de la licitación pública del municipio de Zárate 29/2013 y de las obras en definitiva contratadas, direccionando el proceso de licitación para que sea ganado por la empresa C&E que resulta especializada en obras viales, que ofertó por la suma de 44.995.000 de pesos y se le adjudicó por la suma de 50.820.000 pesos”.
