El Gobierno nacional y un grupo de mandatarios provinciales acordaron hoy no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La postura de la Casa Rosada fue influenciada directamente por los gobernadores del PJ, que durante horas estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández, algunos en forma presencial y otros de manera virtual. En especial, primó el reclamo del mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, que exigió desconocer la sentencia del máximo tribunal.
Al caer la noche de este jueves se conoció el comunicado con la decisión de Fernández y 14 mandatarios provinciales que asistieron a la reunión en Casa Rosada. Allí se consideró al fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, acusaron al máximo tribunal del país de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje [de la coparticipación para la Ciudad] al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Este mediodía, en la reunión de urgencia convocada ayer, los gobernadores del PJ le reclamaron a Fernández que el Gobierno asuma una postura firme frente al fallo de la Corte que repuso parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires que había sido detraída en 2020, cuando el Presidente decidió girarle esos fondos al gobierno de Axel Kicillof para apagar una revuelta policial. Los mandatarios provinciales dispensaron palabras fuertes contra los ministros del máximo tribunal y pidieron hacer “algo” para evitar que se vean afectados los fondos coparticipables que hoy reciben las provincias para, entre otras cosas, invertir en obras públicas.
Fernández pidió recusar a los cuatro miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y que se presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada ayer por los cortesanos.
En su fallo, la Corte había advertido que era falso el argumento de que restituirle fondos a la Ciudad significaba quitarle recursos de la coparticipación a las provincias, puesto que sus porcentajes en nada varían. ¿Por qué? Porque los recursos restituidos a la Ciudad corresponden a los fondos de la recaudación nacional que retiene para sí la Nación, no la torta que reparten entre los distritos. En el comunicado, los gobernadores desconocieron ese argumento: “Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”. A lo que apuntaron que “es un fallo político, de cara al año electoral” y que la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.
Los gobernadores firmantes fueron Kicillof, de Buenos Aires; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En el comunicado se evitó usar el concepto de “conflicto de poderes” algo que había trascendido como una posibilidad durante el correr del día, pero que finalmente no se concretó. “No es porque no creamos que no lo hay”, deslizó una fuente sobre un punto sensible. En el Palacio de Tribunales anticipaban que era “imposible” que se hablara de un conflicto de poderes, “porque no se está violando la Constitución Nacional”. “Sí se está violando”, replicaban en Balcarce 50, pero evitaban con mesura ahondar en el tema.
En su declaración pública, Fernández y los gobernadores insistieron en que en las condiciones actuales, la medida es “de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.
Los gobernadores también advirtieron que al verse afectadas las provincias “en forma directa por la arbitraria decisión” de la Corte “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”, como recurso legal.
“El rechazo es muy fuerte porque el fallo altera toda la conformación de lo que significa la coparticipación”, resumió a LA NACION una alta fuente de Casa Rosada, desconociendo también la explicación dada por la Corte en su fallo. “Los gobernadores están furiosos porque alteraron la igualdad”, insistió la fuente.
Fernández había convocado a los gobernadores peronistas ayer, apenas se conoció el fallo de la Corte que ordenó reponer a la Ciudad parte de la coparticipación que el Gobierno había recortado en 2020 y que significó una victoria política para Horacio Rodríguez Larreta. Hubo mandatarios provinciales que viajaron hasta Buenos Aires para asistir a la reunión con el Presidente en el Salón Eva Perón, mientras que otros cuatro se conectaron de forma remota.
Durante la reunión, varios de los gobernadores pidieron tomar una posición firme, de implicancia institucional. Algunos reclamaron iniciar un juicio político contra los jueces de la Corte y otros, directamente, pidieron que el Gobierno desconozca y no acate el fallo dictado por el máximo tribunal.
Capitanich -uno de los mandatarios provinciales más afines a Cristina Kirchner- fue uno de los que consideró que “el Presidente de la Nación debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional”.
Kicillof, por su parte, se limitó a decir que el fallo de la Corte es “una verdadera inmundicia”. Según el diario LA NACION, Quintela, Jalil y Zamora fueron de los que expresaron las posturas más duras. El espíritu de lo que transmitieron es que el Gobierno no puede dejar que “cuatro jueces” -los miembros del máximo tribunal- definan las políticas públicas de un país.
El contexto
Ayer, los ministros de la Corte ordenaron una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires y dispusieron que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables. Además, le ordenaron al Gobierno que, “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606″, que fue la norma con la que hace dos años se formalizó un nuevo cálculo de lo que le correspondía a la Ciudad por el traspaso de la Policía. La Ciudad, no obstante, viene reclamando que le repongan el 3,5% de la coparticipación.
La puja con la Ciudad por la coparticipación le sirve a Fernández para intentar hacer causa común con los gobernadores peronistas en un momento delicado, tanto por el desdén que recibe del kirchnerismo como por la frialdad que exhibieron en los últimos días los mandatarios provinciales y la CGT.
En la Casa Rosada esperaban que el fallo del máximo tribunal fuera favorable a Rodríguez Larreta. No los sorprendió. La Corte Suprema ya notificó al Poder Ejecutivo del fallo y ahora la Ciudad espera que, de forma inmediata, la Nación le transfiera el monto actualizado de fondos.
Si el Gobierno acatara el fallo de la Corte, el Ministerio de Economía debería darle la orden al Banco Nación para que actualice los giros de inmediato.
