Cristina Kirchner utilizó el Senado de la Nación para defenderse mediáticamente de una causa judicial en la que el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida para ejercer los cargos públicos por ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.
Los chats que mostró de José Francisco López son parte de los 26 mil registros del teléfono que fueron obtenidos luego de su secuestro, tras su detención luego de arrojar bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
José López declaró en la justicia como imputado colaborador y explicó que ese dinero provenía de la obra público en su rol como secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner. No era plata de Mauricio Macri ni de Nicky Caputo tal como sugirió la Vicepresidenta Procesada.
Quien invoca una prueba tiene la obligación de decir y probar de donde la obtuvo. Si esos chats que mostró Cristina Kirchner no estuviesen judicializados habría cometido el delito de espionaje. Los abogados de Cristina Kirchner aceptaron incluir la causa por enriquecimiento ilícito de José López en la causa Vialidad Nacional. De esa forma, se convalidaron los chats del celular de López. Beraldi conocía ese contenido. Si no le informó a su cliente, falló como abogado defensor o, como se dice en la calle, "se le escapó la tortuga".
Cristina mostró los chats incluyendo datos privados y personales de personas no imputadas en una causa Judicial, como son sus números telefónicos y charlas privadas. Hizo eso para tratar de esconder un elefante entre miles de elefantes.
Con esos chats quiso ensuciar a "La Patria Contratista" pero confesó una práctica non sancta como algo habitual de su gobierno pues el funcionario público era "la mano derecha" de Julio De Vido, ministro clave de los gobiernos kirchneristas.
Para juristas consultados y que leyeron la causa Vialidad, "Beraldi y Cristina consintieron la incorporación de esas pruebas" posiblemente "sin leer su contenido". El camarista Mariano Llorens escribió un reciente fallo: "La prueba de la empresa criminal se nutre de elementos que están en todas las causas".
Cristina involucró a un empresario llamado Eduardo Gutiérrez, titular de la firma Farallón. La propiedad de Dique Luján de López era propiedad del citado empresario. De los chats no se desprende un delito sino el reclamo de un contratista a un funcionario que declaró, bajo juramento judicial, que actuaba en nombre de Cristina Kirchner.
Cristina dijo que Caputo temía ser espiado pero el chat citado data de la gestión de la AFI kirchnerista tal como reveló Camilo Cagnacci. Cristina confesó espionaje dentro de su gobierno.
En otro momento de su defensa, mencionó a Marcelo Chancalay como un puntero de Macri. Falso. Aquí les dejo unos párrafos de El Negocio de los Derechos Humanos para recordar quien es Chancalay, un histórico puntero del PJ de la zona sur de Ciudad de Buenos Aires que se escribía con José López por los fondos de Sueños Compartidos.
"Lo que llamó la atención del acto inaugural en Los Piletones, no fue la presencia de Bonafini y Telerman, sino la guardia pretoriana de diez morrudas mujeres del puntero y ex boxeador, Marcelo Chancalay, que custodiaban el lugar. Vestidas de negro con borceguíes del mismo color y el pelo estrictamente recogido, las musculosas mujeres, amedrentaban a un grupo que intentaba hacerle llegar los reclamos a la Presidenta. En el 2007, Schoklender había arreglado con Chancalay la protección del obrador de Piletones y del que se construiría al lado de la Villa 20, frente al Parque Indoamericano, donde se acumulaban autos abandonados. Chancalay estaba al frente de una Mutual, “Futuro para todos”, lideraba dos cooperativas que aglutinaban a 100 personas y había trabajado para la UGIS. No se quedó ahí. Creó el polémico “Villa Tour”, un paseo por la zona para turistas que querían “dar una vuelta por los barrios”. Luego del escándalo de mayo del 2011, lo encontré a Chancalay en un corte de los trabajadores de Castañares. Confesó que Hebe estaba al tanto del desmanejo de la Fundación y que Sergio se había mandado “muchas cagadas”. Luego su nombre sonaría para hacerse cargo de ese obrador. Sus vínculos con el gobierno nacional, con Abel Fatala como intermediario, seguían intactos y hacía lobby para que Mach Construcciones SRL. la empresa que tenía junto a su hijo Marcelo Alejandro se quedara con la obra.
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A mediados de septiembre del 2011, el movimiento político de Emilio Pérsico ganaría la pulseada. En una reunión en el barrio de Montserrat, en agosto del 2011, entre un representante del gobierno nacional de apellido López (probablemente José López), cinco delegados de los trabajadores, entre ellos, Emilio Zarza, y Alejandra Bonafini, se les informó a los empleados, que reclamaban la liquidación de sus haberes, que la Fundación presentaría la quiebra.
El cementerio de autos lindante a la Villa 20, pertenece a la Policía Federal, se mantiene intacto desde hace 15 años y llegó a albergar 30 mil vehículos abandonados. Elizabeth Nuñez, actualmente desocupada, y 49 compañeros trabajaron durante medio año, en esos terrenos, para limpiar el predio con el fin de construir viviendas. Nunca sucedió. Nuñez ingresó a trabajar debido a la gestión de Chancalay como sus compañeros. Actualmente, el problema más grave de los vecinos es la contaminación ambiental originada por el depósito de material rodante de la policía. En tiempos de Aníbal Ibarra, se aprobó un convenio mediante el cual la Policía reintegraría esos terrenos a la ciudad. En la villa 20, viven 40 mil personas y en seis años no se construyó una sola vivienda, a pesar de la adjudicación directa que recibió la Fundación para construir 1300 viviendas, como informó Schoklender en su visita a la Legislatura en el 2008. Diosnel Pérez, referente del Movimiento Darío Santillán, denunció los manejos patoteriles y clientelares de los matones de Chancalay en la villa. El 15 de agosto del 2010, le arrojaron un ladrillazo en el local de su institución en la villa. El 4 de septiembre, su hijo de 14 años fue herido de bala en una confusa situación. Para el ex boxeador, las denuncias de Pérez son un invento. La única inversión concreta que realizó la Fundación en la villa 20, fue la contratación de matones para custodiar el cementerio de autos. Por la noche y durante mucho tiempo, entraban camiones al cementerio y se llevaban los repuestos de los autos abandonados. “Es un desarmadero que funcionaba amparado por la policía y la Fundación”, denunció Diosnel Pérez para esta investigación. El 24 de marzo del 2007, fecha emblemática para la sociedad argentina, a Pérez se le acercaron nueve tipos, lo amenazaron con armas de fuego, le informaron que eran gente de las Madres y le dijeron “paraguayo de mierda, te estamos perdonando muchas veces, seguí haciéndote el boludo y hablando giladas, que la próxima sos boleta”. Luego del incidente, se encontró con Schoklender en el bar de la Fundación. Pérez le dijo que “entendía las diferencias, pero que esta gente se estaba pasando de la raya”. Schoklender le respondió: “Ellos son nuestra seguridad y apurate que tengo cinco minutos”. Pérez le explicó que a los matones se les podría haber escapado una bala. Imperturbable, el ex apoderado insistió: “Te estoy diciendo que son nuestra seguridad y hacen lo que tienen que hacer”. Luego, Chancalay y Schoklender le ofrecieron un puestito para que “se dejase de joder” pues tenían todo el respaldo del gobierno.
Margarita Barrientos, de Los Piletones, coincide con Pérez en los vínculos del ex apoderado con los transas de drogas del barrio. Su propio marido, encontró pasado de drogas a Sergio, tirado con sus matones en las “jodas” que se organizaban en el obrador del barrio. Luciano Nardulli, dirigente de la CCC, en marzo del 2011 denunció a “los Pepones” como fuerza de choque de Schoklender y a los hermanos Ozuna. Miguel Ozuna es un ex policía bonaerense con causas penales graves en su haber, entre ellas violación, vinculado con la venta de drogas. Ozuna fue candidato a presidente del barrio en el 2007, apoyado por Schoklender y la Fundación, pero cayó derrotado ante Marcial Ríos, militante de la Federación Tierra y Vivienda de Luis D´Elia.
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