“Hace muchos años, y lo digo con pesar, que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos… Había tres, cuatro actos del 17 de octubre”. Con esa frase, un exultante Alberto Fernández celebraba la unidad peronista en un acto multitudinario por el Día de la Lealtad en Santa Rosa, La Pampa. Antes había hablado Cristina Kirchner. Juntos habían triunfado cómodos en las PASO y faltaban apenas 10 días para las elecciones generales.
Corría 2019. Parece un siglo atrás.
En sólo tres años, el peronismo se las arregló para regresar a pleno a aquello que provocaba pesar en el entonces candidato a presidente: este lunes cada sector tuvo su propio escenario y su propio micrófono. Peor todavía: el Presidente, también jefe formal del PJ, no participó de ninguno de los actos. Nadie lo invitó, literalmente.
Eso sí, como consuelo, inauguró un tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas, rodeado por los ministros Sergio Massa y Gabriel Katopodis y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y aprovechó para criticar a Mauricio Macri.
El oficialismo, a 77 años de la jornada que considera su fundación, expuso con honesta brutalidad los pedazos en que se volvió a partir gracias a una gestión que gozó sólo un año del favor popular y que desde entonces desbarranca, sin prisa pero sin pausa, de la mano de pobres resultados en todas las áreas.
Así, se vivió la curiosa situación de que tres facciones del partido que gobierna hicieran tres actos para criticar al Gobierno que integran. Cada uno con sus demandas particulares. Cada cual con su propia Lealtad.
No sorprende. Como si fuera una virtud, la semana anterior Fernández hizo trascender que se jactaba de haber designado a tres ministras sin consultar a sus socios políticos. Y el viernes fue a fondo con su “autonomía”: “En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? ¿Alguien les pidió algo?", les preguntó a los empresarios reunidos en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata.
No era precisamente una sutileza: faltan pocas semanas para que se conozca el fallo en el juicio por Vialidad, en el cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la Vicepresidenta por considerarla la jefa de una organización armada para robar dinero al Estado con licitaciones amañadas.
De todos modos, asoma tardío este ímpetu de Fernández para liderar efectivamente su administración. Quien parece más cerca de su pensamiento, Massa, no permitirá que el Presidente se lleve los laureles de una eventual mejora de la economía, circunstancia que está lejos de verificarse en los hechos.
Por su parte, La Cámpora, las dos CTA y los sindicatos moyanistas -el grupo que más lo critica, que más fuerza interna tiene y que responde además a la figura más influyente del espacio, Cristina-, lanzaron en el acto de Plaza de Mayo una suerte de plataforma política con objetivos que no habrían desentonado en la campaña electoral de 1973.
Control y planificación estatal de la economía, observatorio de precios, sustitución de importaciones, derogación de la Ley de Entidades Financieras, control popular del Banco Central, control estatal del Comercio Exterior, incrementar los impuestos a los sectores de mayores ingresos, más Ley de Medios, reforma de la Corte y la Justicia y una nueva Constitución Nacional. Nada más ni nada menos.
En ese contexto, el pedido que hizo la CGT en Obras Sanitarias de algún lugar en las listas del año que viene y los cuestionamientos de los piqueteros oficialistas desde La Matanza, que hablaron de “tiempo de descuento”, son casi sugerencias amistosas.
El problema supera las chicanas y reclamos que cruzan unos y otros. La cuestión más grave es que tienen un gobierno en sus manos al que le quedan por delante casi 14 meses.
En un país preso de una crisis social profunda, con una economía detonada pero que, afortunadamente, aún no se ha prendido fuego, el oficialismo debería dejar de jugar con fósforos.
