El gobierno de Santa Cruz denunció que las contrataciones realizadas para el acto de asunción del gobernador Claudio Vidal, el pasado 10 de diciembre, costaron más del doble de lo que se había presupuestado inicialmente.
La denuncia fue presentada en la Justicia por el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, quien pidió que se investiguen a los exfuncionarios de la gestión de Alicia Kirchner que tuvieron a su cargo el trámite de contratación y pagaron en forma directa y con sobreprecios casi $80 millones.
En la presentación efectuada ayer ante el Juzgado Penal 2 de Río Gallegos, el fiscal de Estado menciona la existencia de “hechos irregulares”, ejecutados por exfuncionarios de la Secretaría General de la Gobernación en el proceso de contratación de servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción de autoridades del nuevo Gobierno. Y solicitó que los funcionarios responsables sean investigados por el posible delito de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
El trámite de los expedientes estuvo a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Ceremonial, Protocolo y Eventos Gubernamentales. Desde allí, y con el aval de la Asesoría Letrada de la gobernación, se contrató de forma directa, a un mismo proveedor, abonándole más de $69 millones por servicios que en el mercado se podría haber abonado $50 millones menos. Lo cual sumado a otros ítems, el gobierno de Alicia Kirchner terminó contratando por casi $80 millones un acto que, los futuros funcionarios de Vidal, habían presupuestado en poco más de $ 30 millones.
Entre los puntos de la denuncia menciona que se pagó $1600 por una botellita de agua que en el mercado ronda los $500, en tanto que presupuestaron un catering para 300 personas, cuyo costo alcanzó los $32.000 por persona.
Los datos en que se basa la denuncia penal surgen de las diferentes auditorías que el gobierno de Vidal está realizando en toda la órbita del Estado. A esta denuncia se suman otras en simultáneo que se hicieron en varios juzgados por irregularidades provinciales por la contratación de cooperativas de trabajo para las tareas de limpieza en escuelas y organismos públicos.
“La contratación que se solicita investigar tendría relevancia penal, ya que las exorbitantes sumas triplican el valor de lo presupuestado por otros dos proveedores para el mismo servicio, lo cual revela la irregularidad, discrecionalidad, y falta de transparencia en las contrataciones; así como también el extraordinario sobreprecio convenido por los ex funcionarios de dicho Ministerio, todo lo cual, denota una gravedad institucional de relevancia”, informaron desde la fiscalía de Estado.
