El jury contra el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, ingresó en etapa de alegatos, con la expectativa de que a partir de la semana próxima se conozca el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento, que definirá si lo absuelven o lo remueven de su cargo.
En el medio de las audiencias surgió una contradenuncia de un testigo contra la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Federico Domínguez. Se trata del expolicía Carlos Maidana quien acusó a ambos funcionarios judiciales de amenazarlo para que declararan en contra de Scapolán.
Scapolán, justamente, está acusado de cometer delitos desde su función en el Ministerio Público Fiscal, a raíz de una investigación impulsada por la jueza federal Arroyo Salgado y el fiscal Dominguez, quienes lo imputaron como jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que comercializaban cargamentos de droga, que habían sido secuestrados a narcotraficantes.
Durante la rueda de testigos se escuchó la declaración de un ex policía identificado como Carlos Maidana, quien sostuvo que cuando declaró ante la justicia federal en las causas de estupefacientes por las que luego se juzgó a Scapolán, lo amenazaron con que se “iba a pudrir en la cárcel si no nombraba a algunas personas”.
Afirmó que a través de un informante de la fuerza, lo llevaron a declarar bajo amenaza de quedar detenido si no mentía. De acuerdo a lo manifestado por Maidana “ese informante tenía un acuerdo con Arroyo Salgado y Domínguez, para ensuciar a fiscales, políticos y policías”.
Arroyo Salgado bajo la mira
El ex uniformado -que integró el programa de testigos protegidos- declaró en el Jury, desde una Unidad Carcelaria, donde permanece preso por un caso de portación de armas. En ese marco, afirmó que Arroyo Salgado y el fiscal Dominguez no lo ayudaron en nada: “me tuve que hacer cargo para que no metieran presa a mi señora (…) fue una cacería de brujas”.
Ante esto, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso que por secretaría se extrajera documentación para denunciar a Maidana por presunto falso testimonio en el expediente federal.
Por otro lado, ordenaron elevar otra denuncia por coacción contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal Fernando Domínguez.
Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura, la comisión de Acusación tiene que revisar una denuncia del fiscal Claudio Scapolán contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por haberle iniciado un “expediente judicial en base a conjeturas y hechos falsos, como así también intereses personales”.
La causa federal y el Jury contra Scapolan
El Jury está encabezado por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron de hacerlo por haber intervenido en el caso federal contra el acusado.
Recordemos que Scapolán fue suspendido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, y se dispuso el embargo del 40% de su sueldo.
La primera denuncia contra el fiscal Scapolán fue realizada en el 2016 por Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado, quien lo había procesado en el fuero federal, entre otros delitos, por el supuesto robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
La primera testigo en el Jury fue precisamente Arroyo Salgado, quien declaró que para procesar al fiscal Scapolán en la causa federal tuvo en cuenta “los dichos de los arrepentidos, de los letrados que en los distintos casos intervinieron, los movimientos de los celulares de los policías involucrados y dónde activaban celdas, como así también el análisis de la activación de celdas de los celulares usados por el fiscal Scapolán y sus secretarios también imputados en el expediente, las filmaciones, los videos obtenidos.”
Luego, la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolán, dictó la falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados al fiscal, y confirmó solo el de falsedad ideológica de documentos públicos en relación a uno de los operativos analizados.
Legisladores del Frente de Todos reclaman transparencia
Los diputados bonaerenses del FTD Juan Martín Malpeli y Carlos Javier Puglelli , junto con el senador Juan Alberto Martínez, denunciaron a la presidenta del Jury, Ana María Bourimborde, por presunto abuso de autoridad.
Presentaron su planteo ante la secretaria del Jurado de Enjuiciamiento, argumentando que nunca remitieron a la Comisión Bicameral las actuaciones en el proceso contra el fiscal Claudio Scapolán, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley de procedimiento 13.661.
La norma indica que el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento debe correr traslado de las actuaciones “por el término de quince (15) días al denunciante, al Ministro de la Suprema Corte que correspondiera, a la Procuración General y a la Comisión Bicameral (...) a fin de que manifiesten su voluntad de asumir el rol de acusador en el proceso o solicitar el archivo.”
La Comisión Bicameral Permanente de Normas de procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, es un órgano político conformado por 12 legisladores (7 diputados y 5 senadores), cuyo cometido es recibir las denuncias que sean presentadas contra integrantes del Poder Judicial, y en su caso, considerar si existen elementos suficientes para avanzar en un jury.
Según indicaron fuentes de la Legislatura bonaerense, en diciembre del año pasado se conformó la Comisión Bicameral, y se solicitó a la Suprema Corte la nómina de expedientes en los cuales no se había dado intervención hasta ese momento.
Con esa respuesta se requirió a cada uno de los presidentes de los jurados que remita los expedientes a la Comisión Bicameral, pero nunca se cumplió, por lo que los legisladores del Frente de Todos decidieron avanzar con la denuncia.
El diputado Malpeli dijo que el Jury contra Scapolán “llamativamente se trata de un proceso en el cual las irregularidades abundan, lo que permite sospechar una intencionalidad política en el tema”.
Explicó que “el caso del fiscal ha sido promovido por numerosas acusaciones por delitos gravísimos que la Cámara Federal de San Isidro ha dejado sin sustento, sobreseyendo al fiscal, quedando únicamente subsistente y pendiente de resolución una causa menor por inconsistencias en un acta”.
Por otro lado, Malpeli entendió que con la declaración del testigo Maidana se expusieron motivos por lo que “en honor a la transparencia debería cumplirse la ley y darse intervención a la Bicameral.”
Asimismo, aclaró que “ello no significa que necesariamente fuera a afectar el Jury ya iniciado contra el fiscal, sino que, permitiría dotar al procedimiento de la legalidad necesaria, del cumplimiento de la ley, y luego, con esas garantías del debido proceso, si corresponde avanzar, pero no a costa de la legalidad.”
