Una nueva presentación judicial busca transparentar cómo fue el pago de indemnizaciones del Estado argentino a detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. Ahora, la mira quedó puesta sobre ciudadanos uruguayos que fueron apresados en la Argentina y a los pocos días enviados al país vecino, donde continuaron con su detención, y que cobraron indemnizaciones a las dos orillas del Río de la Plata.
El investigador José D’Angelo presentó este miércoles 22 de junio una ampliación de la denuncia que inició en 2019 y que derivó en una causa que instruye el juez federal Ariel Lijo. Allí, solicita que se investigue a 23 personas de nacionalidad uruguaya que habrían cobrado millonarias indemnizaciones por parte del Estado argentino por haber estado detenidas poco más de diez días en el país y luego extraditados a Uruguay.
La mayoría de ellos habrían continuado privados de su libertad en el país vecino, razón por la cual también reclamaron allí por cobros resarcitorios.
“Venimos por la presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes “reparatorias”, como consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad: el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen, en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios años”, señala el denunciante en el escrito.
Autor e investigador sobre la temática, D’Angelo asegura que la Argentina “les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero indebidas a supuestas víctimas cuya Nación, además, no contempla estos millonarios resarcimientos”.
La información sobre los dobles cobros es contada por otro investigador que siguió el tema en Uruguay. Se trata de Álvaro Alfonso, quien relató los casos en el libro “Operación Verdad, testimonios y memorias escondidas de la historia reciente”.
La denuncia judicial de D’Angelo incluye los datos de una veintena de personas con sus antecedentes de detención en Argentina y Uruguay y los montos (actualizados a valores de hoy) que habrían cobrado gracias a las leyes reparatorias. En algunos casos, la detención fue de apenas un día, la mayoría entre 10 y 11, y hay un caso que llega a ser de 40 días. Las sumas recibidas son de hasta $ 25 millones, salvo un caso excepcional que cobró más de $ 70 millones.
D’Angelo denunció en noviembre de 2019 el otorgamiento de indemnizaciones fraudulentas en una multiplicidad de casos. Aseguraba, en ese caso, que recibieron sus pagos personas (o familiares) que en realidad no habían sido víctimas del accionar militar. Recién en diciembre del año pasado, Lijo pidió que el Ministerio de Economía informe si se pagaron las indemnizaciones apuntadas.
En otra causa, a cargo de Daniel Rafecas, también se ha denunciado el pago de indemnizaciones a guerrilleros que se alzaron en plena vigencia de un gobierno constitucional, como el ataque a Monte 29, en Formosa en 1975.
Los apuntados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público son los dirigentes que estaban a cargo del área encargada de aprobar las reparaciones y los propios involucrados.
