Con 134 votos afirmativos, Diputados aprobó la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, establecida en el primer artículo de la Ley Ómnibus; y luego por el mismo margen positivo, las facultades delegadas para el presidente Javier Milei.
El Gobierno mandó en diciembre un proyecto con nueve emergencias que incluía la económica, financiera, fiscal, de seguridad, previsional, tarifaria, energética, administrativa y de salud. Sin embargo, durante las semanas de debate las negociaciones llevaron a realizar un recorte sobre las mismas.
El oficialismo contó con el voto de 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, 1 de Creo, 1 de Unión Mendocina, 1 de Avanza Libertad, 28 de la UCR, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires y 3 de Independencia.
Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), 6 de la UCR, 10 de Hacemos, 2 de Por Santa Cruz, y 5 de del FIT (izquierda).
Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece los principios y objetivos de esa emergencia pública.
El primer artículo aprobado establece que la iniciativa "tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales"
Por otra parte, el artículo 2 fija que la meta de la ley es "la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado".
También destaca "la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación".
Además fija que el Estado "debe procurarse su concentración en los sectores esenciales de la sociedad y su ejercicio con criterios objetivos de eficiencia, eficacia y razonabilidad" y la "organización racional y sustentable de la Administración Pública Nacional a fin de garantizar una actuación administrativa de calidad y respetuosa de la dignidad humana"
También establece como otro de sus principios "la creación, el fomento y el desarrollo del empleo productivo privado, con la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, la protección de los trabajadores desempleados y la regularización de las relaciones laborales existentes".
