El avance de la construcción de un puerto multipropósito en Tierra del Fuego con capitales de origen Chino sigue generando polémica.
Luego que se revelara el decreto por el cual el gobernador Gustavo Melella ratificara la construcción de la base naval con capital de la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio decidieron avanzar en un pedido de informes.
Mediante una carta enviada a la presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, los legisladores le exigen que remita al Congreso de la Nación “a la mayor brevedad posible una copia certificada” del memorándum de entendimiento firmado entre la provincia y la empresa china.
Firmaron el documento los diputados Alberto Asseff, Ricardo López Murphy, Mariana Zuvic, en carácter de Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Vicepresidente de la misma Comisión y Presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos Fluviales, Pesqueros y Portuarios, respectivamente.
El memorándum -escrito tanto en chino como en castellano- señala que el régimen asiático eligió a aquella provincia porque “está ubicada en el extremo sur de Sudamérica, es rica en recursos de gas natural y es una de las nuevas potencias industriales de Argentina”, en referencia al ensamble tecnológico que se desarrolla en Tierra del Fuego.
El contrato que llegó a la Legislatura fueguina continúa su detalle: “Shaanxi Chemical Group invertirá en la construcción de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato en el sur de Argentina, más la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno -que permite el amarre de de embarcaciones de 20.000 toneladas- y una central eléctrica de 100MW”.
En los argumentos que exponen los legisladores en el reclamo hacen referencia a que el solo hecho de haber firmado ese entendimiento con China pone a la Argentina en una situación compleja frente a “tener que responder internacionalmente frente a China en caso de reclamos y eventualmente también de otras potencias (como los de aquellas con las que mantenemos acuerdos con la cláusula de Nación más favorecidas por ej., aquellas del Art. 9 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña de 1825 ‘en todo lo relativo a la carga y descarga de buques, seguridad de mercadería’)”.
Por otro lado, los diputados explican en el documento en cuanto a los intereses estratégicos y diplomáticos: “No podremos tampoco omitir mencionar la tremenda relevancia del Atlántico Sur y de Tierra del Fuego en particular, en estos momentos de guerra en Europa, con la cual nuestro Mundo lamentablemente empieza a quedar de nuevo ‘dividido en dos’, todo lo que torna la importancia del control de los pasos oceánicos —amén del intento de la instalación hidrófonos 3D para captar clandestinamente o no, el paso de todos los submarinos— en una cuestión de carácter superlativo, máxime cuando nuestras todavía irredentas Islas Malvinas y que son parte integrante e integral de esa Provincia, cuentan con bases y tropas extranjeras (ahora de hasta más de una bandera), estacionadas allí operando, navegando y volando todos los días”.
“Para finalizar: en todos los casos, el llamado a pagar las consecuencias en lo político, lo económico y lo estratégico de esto será uno sólo: el Estado Nacional”, sentencian los legisladores a propósito de la polémica obra.
En enero pasado, desde el gobierno nacional habían asegurado que el plan de Melella era inviable. Las autoridades de Puertos y Vías Navegables de la Nación —el organismo dependiente del Ministerio de Transporte encargado de evaluar y dar autorización a todo proyecto portuario— habían descartado que ese puerto chino pudiera hacerse. El último viaje a China podría haber cambiado esa decisión.
