El juez Leopoldo Bruglia cumplió con su advertencia: esta semana presentó una demanda millonaria contra Alberto Fernández por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública.
Fue cuando lo trató de ocupar un cargo en la Cámara Federal en contra de la Constitución Nacional. Según la documentación, a la que accedió Infobae, el camarista no solo reclama un resarcimiento económico y la retractación pública del jefe de Estado.
En plan de demostrar su postura, le pidió a la justicia que confirme si el Presidente es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ordene un peritaje que determine los “criterios de realidad” del mandatario y llame a declarar a un grupo de testigos, entre los cuales sobresale la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir”, sostuvo en su demanda.
A criterio de Bruglia, Fernández sólo buscó descalificar un fallo que no era de su agrado generando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.
Como en toda demanda por daños, el afectado debe pedir una cifra. Bruglia reclama 40 millones de pesos y la retractación pública “por el mismo medio y cuenta personal” del jefe de Estado y por los principales medios nacionales en papel y digital. Se busca una “condena justa y equitativa, que contempla la magnitud del daño provocado y su dimensión”, señaló.
“No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Pero es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos (...). Es una cuestión de límites, de excesos y de impunidad”, afirma el escrito que lleva la firma de los abogados patrocinado Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco.
De inmediato, Bruglia denunció públicamente la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables. Y anunció una demanda por daños y perjuicios y su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por no haber salido rápidamente a repudiar esas expresiones. En su demanda, el juez volvió sobre esa entidad. Es más, señaló que esta presentación formal es una búsqueda de reparación individual ante la falta de un gesto colectivo de sus pares.
Las palabras del Presidente apuntaban a deslegitimar el rol de Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. En julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de traslados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.
