La muerte del docente jubilado salteño Alejandro Benítez, mientras visitaba Bolivia como turista, reavivó el debate en torno a los gastos sanitarios que afronta cada país cuando un ciudadano del otro estado debe recibir asistencia médica.
Benítez era oriundo de la localidad salteña de General Mosconi y había ido junto a un grupo de amigos a pasar sus vacaciones en Bolivia. El jueves pasado, mientras circulaba por una ruta en su motocicleta, fue embestido por un camión a la altura de Ivirgarzama, en Cochabamba, lo que le provocó serias heridas.
Según sus acompañantes, tanto el camionero que lo chocó como el personal de fuerzas de seguridad y del Centro Médico de Ivirgarzama que intervinieron, se negaron a llevarlo hasta un Centro Médico de mayor complejidad porque les exigieron pagar por anticipado y en dólares o pesos bolivianos los gastos de traslado de la ambulancia. Si bien Benítez estaba consciente tras el accidente, su cuadro se agravó y falleció sin ser derivado a un centro asistencial con los recursos para atenderlo.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, explicó que el hecho es una “irregularidad” que viola el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud entre Argentina y Bolivia que contempla “garantizar la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a nacionales de una parte que se encuentre en el territorio de la otra parte, independientemente de su estatus migratorio”.
El mandatario provincial trajo a colación ese “Acuerdo de reciprocidad en materia de atención de la salud que fue firmado en julio de 2019″ con la participación de “la ministra de Salud de ese momento, de (el gobierno de) Evo Morales y (el ministro de Salud argentino Adolfo) Rubinstein, junto a las cancillerías argentina y boliviana”.
“Ese convenio funcionó unos meses”, lamentó, hasta la caída del gobierno de Evo Morales, el 19 de noviembre del mismo año. Hasta entonces “se hicieron por lo menos 5 cirugías a ciudadanos argentinos y después, con la asunción del nuevo gobierno, el convenio de reciprocidad dejó de cumplirse” y “el nuevo gobierno tampoco lo restableció”.
Morales destacó la importancia de ese Acuerdo que él mismo decidió impulsar “a partir del caso de Manuel Vilca, el chico jujeño al que le querían cobrar 10 mil dólares en un hospital público” de Bolivia, luego de sufrir en ese país un accidente que le provocó graves lesiones lumbares y en las piernas.
“Le cobraron hasta el papel higiénico y no lo atendieron bien, yo tuve que buscarlo en el avión sanitario, allí hice la denuncia”, recordó. “Empecé a gestionar con Cancillería el convenio de reciprocidad y en el mes de julio se firmó, pero no lo está cumpliendo en este momento el gobierno de Bolivia”, agregó.
“Es una lucha con Bolivia porque cobran hasta el combustible diferencial a los autos argentinos. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud argentino es exigir el cumplimiento del tratado de reciprocidad en materia de salud”, sentenció el dirigente radical.
Respecto de lo ocurrido con el ciudadano salteño, Morales insistió: “El gobierno de Bolivia se tiene que hacer cargo porque está vigente el convenio. Tiene que hacerse cargo de la responsabilidad por la vida de una persona”.
La resolución conjunta incluye un párrafo que describe que cada país debe hacerse cargo de las situaciones de “urgencia o emergencia” de un ciudadano que se encuentre en el territorio de la otra parte. “Los términos urgencias y emergencias se definen de la siguiente manera: emergencia es toda condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona humana de no mediar atención médica inmediata e impostergable. Urgencia es toda condición de salud o cuadro clínico que precisa atención sanitaria inmediata e impostergable para aliviar el sufrimiento de la persona humana y evitar complicaciones graves posteriores”. Justamente las circunstancias sufridas por Alejandro Benítez se encuadran en esta cláusula.
Los artículos firmados en 2019 fueron una extensión del Acuerdo que rige desde 1978, con agregados en 2006 y 2015, e incluyen la cooperación en aspectos como la formación y el perfeccionamiento del personal sanitario, el intercambio amplio y periódico de información y epidemiológica y técnico científica.
El Acuerdo dice en su último artículo: “Tendrá una duración de cinco años, renovándose automáticamente por períodos sucesivos de igual duración, salvo que una Parte lo denuncie mediante notificación escrita a la otra con una anticipación no menor a seis meses. En este caso, las acciones programadas de cooperación que estuvieren en curso no se suspenderán ni se interrumpirán por la expiración del referido plazo”.
“No hay denuncia de parte de Bolivia que yo sepa”, dijo Morales, e insistió en la necesidad de que intervengan las autoridades argentinas para que afronten la responsabilidad por la muerte de Benítez.
