El debate de la Ley Ómnibus marcará un antes y un después para el gobierno de Javier Milei. El ambicioso proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que llega al recinto tras un mes de frenéticas negociaciones y cientos de modificaciones, podría convertirse en una de las primeras victorias políticas de los libertarios, que por otro lado también corren el riesgo de quedar expuestos en su debilidad parlamentaria y falta de experiencia para tejer acuerdos con sectores de la oposición.
Ayer por la tarde la oposición dialoguista allanó el camino para llegar a la tan anticipada sesión cuando adelantó que daría quórum y votaría favorablemente el proyecto en general. Sin embargo, desde un comienzo el problema del Gobierno fue la votación en particular de cada artículo, ya que la oposición puede rechazar con relativa facilidad cualquier punto que no le guste.
La Libertad Avanza tiene apenas 38 bancas más otro puñado de aliados incondicionales. Se encuentra en una posición de debilidad absoluta, muy lejos del mínimo de 129 que necesita para sostener el quórum y para aprobar los artículos sin consenso.
Dado que Unión por la Patria tiene 99 diputados (sufrió la fractura de tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo) y el Frente de Izquierda suma otros 5, cada capítulo de la ley parte de la base de tener 104 votos en contra. Por lo tanto, el rechazo de los 34 diputados de la UCR -o de una parte importante del bloque-, alcanza para llegar a una mayoría de 129. Algo parecido ocurre con los 23 diputados del bloque Hacemos Coalición Federal, que aglutina a la Coalición Cívica, peronistas no K, ex PRO, socialistas de Santa Fe y cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. Por último, la bancada de Innovación Federal, que responde a varios gobernadores, cuenta con otros 9 votos difíciles para el oficialismo.
Sin embargo, la maratónica sesión podría tener algunas sorpresas ya que no se descarta que algunos diputados del peronismo voten a favor de los artículos que benefician a sus provincias. También es probable que la UCR y HCF voten divididos en algunos puntos.
A pesar de que el libreto oficial del gobierno libertario dice que no están dispuestos a negociar las leyes que necesitan para llevar adelante su plan de gestión, la Ley Ómnibus sufrió varias tandas de modificaciones.
Ante los planteos de la oposición, que en una primera instancia giraban en torno a la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, las retenciones, las facultades delegadas y las privatizaciones, el Gobierno aceptó eliminar unos 139 artículos.
Entre los cambios más importantes se destacaron: no eliminar la movilidad jubilatoria (pretendían dar aumentos por decreto) y actualizar las jubilaciones en base al IPC del mes anterior, mantener en cero las retenciones a las economías regionales, dejar de lado todo el capítulo de reforma electoral (que por ejemplo proponía adoptar un sistema de circunscripción uninominal, eliminar las PASO, actualizar la cantidad de diputados nacionales y permitir el financiamiento privado de campañas), recortar la cantidad de materias sobre las que pedía declarar emergencia, excluir a YPF del listado de empresas que podrían ser privatizadas y sacar de la ley el artículo que ratificaba el mega DNU.
La actitud dialoguista fue bien recibida por la oposición pero las disidencias continuaron. Principalmente en torno a las retenciones, porque el Gobierno pretendía dejar firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz; las jubilaciones, porque el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%; las privatizaciones, ya que la oposición reclama que cada empresa pase por el Congreso con una ley propia; la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que el Gobierno quería transferir al Tesoro pero los gobernadores quería utilizar para compensar las deudas de las cajas provinciales y los radicales no quieren transferir en absoluto; y la cantidad de facultades delegadas.
Tras algunos días con muchos idas y vueltas pero pocos avances, el Gobierno sorprendió al anunciar que quitaría de la ley el paquete fiscal para ampliar consensos y finalmente lograr la aprobación del resto de la ley. Era el corazón de la ley que permitía llegar al déficit cero, columna central del plan económico.
En una conferencia de prensa, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo explicó que dejarían para más adelante el aumento de retenciones, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el adelanto de Bienes Personales, la moratoria y el blanqueo.
“Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Esto va a acelerar los tiempos y facilitar la situación de muchos gobernadores”, explicó Caputo.
La Ley Ómnibus, que con malicia la oposición ya calificaba como Ley Combi, entró en la fase final de negociación, que se volvió más encarnizada.
Tras las victorias parciales sobre las retenciones, la ley de pesca y el régimen de hidrocarburos, los gobernadores comenzaron a presionar para que el Gobierno coparticipe el Impuesto PAIS, para así reforzar las arcas provinciales y compensar la reducción de transferencias del Tesoro y la interrupción de la obra pública. El oficialismo se mostró inflexible e incluso desmintió públicamente haber discutido el tema con los mandatarios provinciales. El gesto cayó muy mal, al igual que algunos comentarios de Milei en las redes sociales (llamó “bloque extorsión” a HCF).
Como las disputas en torno a algunos puntos clave -como las privatizaciones- continuaban, desde la Casa Rosada dejaron trascender que estaban dispuestos a dejar caer todo el proyecto si la oposición seguía presionando para lograr más cambios. Santiago Caputo, el principal estratega de Milei, fue el encargado de comunicarlo a varios referentes opositores.
