Los mensajes de texto y audio que se extrajeron del celular de José López, expuestos durante los alegatos del fiscal Diego Luciani, derivaron en una denuncia penal que formuló el representante del Ministerio Público Fiscal, quien pidió que Máximo Kirchner, funcionarios de Santa Cruz, los empresarios Nicolás Caputo y Fabián De Sousa como otras compañías, sean investigados por posible tráfico de influencias o negociaciones incompatibles.
Dos días después de apelar la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad para reclamar que la vice también sea acusada de dirigir una asociación ilícita, Luciani presentó una denuncia penal.
La presentación, a la que accedió Clarín, sostiene que las comunicaciones del celular del ex secretario de Obras Públicas muestran la "existencia de distintos hechos e irregularidades que ameritan ser investigados en profundidad".
"Se advierte la existencia de una gran cantidad de comunicaciones con diferentes personas –tanto funcionarios como particulares–" que "dejan entrever la existencia de determinados patrones con relación a la forma en que López ejercía sus funciones como secretario de Obras Públicas, y a las relaciones que mantenía con determinados empresarios del sector y con otros funcionarios", indicó Luciani en la denuncia.
Las conversaciones cuestionadas se refieren a "cómo se tramitaban las licitaciones, a cómo se gestionaban los pagos a empresarios 'amigos'”, entre otras irregularidades consignadas.
El fiscal pidió que sean investigado Nicolás Caputo, el empresario más cercano a Mauricio Macri,"que se beneficiaba de estos mecanismos", expuestos en diversos mensajes solicitando "un trato diferenciado para garantizarse los pagos".
El listado de los siete hechos detallados en la denuncia incluye a Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López.
Por ese motivo la fiscalía pone bajo sospecha la existencia de determinados patrones en el ejercicio de las funciones públicas "que exhibían su falta de apego a los principios que debían regir las contrataciones públicas y las relaciones del Estado (de sus funcionarios) con las empresas contratistas en el marco de la ejecución de los respectivos contratos".
Esas conductas, continúa explicando Luciani, "amén de ser contrarias a la ética pública y de exhibir relaciones promiscuas entre funcionarios y particulares, alertan sobre la posible comisión de delitos de acción pública que deben investigarse en profundidad". En castellano: posibles coimas para aceitar esos trámites.
Entre los casos detallados, la fiscalía hizo referencia a la consulta de López con Máximo Kirchner -que por entonces no ocupaba ningún cargo- para preguntarle dónde debían ubicarse las cien cuadras de pavimento cuyo contrato terminó en manos de Lázaro Báez.
Para el fiscal, esos mensajes significaron una "clara intervención" en ésa y otras obras volcadas a la provincia.
El modus operandi denunciado incluye otra obra realizada en suelo santacruceño: el Hospital Materno-infantil de Río Gallegos", donde según los mensajes Cristina Kirchner "tenía un particular interés".
Esa obra expuso "una brutal connivencia entre funcionarios y empresarios y cómo se cometieron hechos ilegales", dijo Luciani.
José López pidió acelerar la licitación: “sacalo sin estudios del suelo. Yo te digo lo que hay que poner. Saquemos urgente el llamado Lic”, reclamó. Después explicó que ya había hablado con la “Pta” y le había notificado que la licitación se haría en 15 días.
"La presidenta se iba interiorizado personalmente sobre el avance las obras en Santa Cruz", dijo Luciani al poner más ejemplos donde muestra que "la ex Presidenta preguntaba por obras puntuales y sus avances".
Por eso, la fiscalía entiende que Máximo Kirchner debe ser investigado.
Los mensajes a Máximo Kirchner
Respecto del líder de La Cámpora, el fiscal Luciani seleccionó mensajes referidos a la última licitación que el holding de Báez ganó en suelo santacruceño, un año antes del cambio de gobierno. "Debían apurarse en direccionar el contrato y pagar rápidamente todo, se aproximaban las elecciones presidenciales”, dijo.
Se trató de un plan de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos, financiada con fondos nacionales que demandaron un desembolso de 87 millones de pesos, “pero contó con un avance del 27% y al igual que otras obras, fue abandonada, nunca le importaron las obras pero sí direccionar fondos a favor de Báez”, según determinó la fiscalía.
Este proyecto para pavimentar 100 cuadras, "pese al argumento reiterado de la vicepresidenta de que todo fue avalado por las leyes de presupuesto, no pasó nunca por el Congreso".
En la primera de las capturas de pantalla compartidas por Luciani en su alegato, José López, entonces secretario de Obras Públicas, se comunica con el amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial, Matías Bezi, preguntándole si “había hablado con Maxi y si había decidido cuál sería la ubicación de las 100 cuadras”.
La respuesta fue: “Sí, algo definimos” y contó que se iba a reunir Roberto. La fiscalía indicó que se refería a Roberto Gómez, una persona que trabajaba para Austral Construcciones y fue el responsable de diseñar la obra de 100 cuadras de pavimento. Gómez fue el arquitecto del Mausoleo que Lázaro Báez le regaló a la familia Kirchner, donde descansan los restos del ex presidente.
