“Después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”, concluyó Diego Luciani, fiscal del caso por la Obra Pública de Santa Cruz, en el primer tramo de esta octava audiencia de alegatos.
Antes había mostrado nuevos mensajes de texto extraídos del teléfono celular de Julio López que acreditarían las maniobras realizadas a finales de 2015, antes de la asunción de Mauricio Macri, para “limpiar todo” y desmantelar la constructora a partir de la cual se había canalizado el flujo de dinero. Esos intercambios, incluyen registros que probarían un encuentro entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez el 30 de noviembre.
Volvió a presentar un mensaje que ya había mostrado en el primera audiencia de alegatos donde Lázaro Báez le pide a López que lo atienda para “coordinar” lo que habló con “la señora”. Según las sospechas de Luciani, “la señora” es Cristina Kirchner.
“Tal fue así, que cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa desapareció. Sí señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, agregó Luciani en un encendido inicio de la audiencia.
A las 8:30, se reanudó el juicio oral y público de manera semipresencial con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si no piden más tiempo, la última audiencia será el próximo lunes. Luego será el turno de los alegatos de cada defensa que tendrán tres audiencias: la primera defensa en alegar será la de Báez y la de CFK la sexta.
La expectativa del Tribunal Oral Federal (TOF), si se llega con los plazos por la dinámica que tienen los juicios orales, es que antes de fin de año de a conocer su veredicto en el caso.
En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas de manera irregular. La fiscalía aseguró en las audiencias anteriores que en esas adjudicaciones hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos, mientras las defensas, que esperan su turno para alegar, plantearán que las obras fueron realizadas y que si alguna no se terminó fue por abandono atribuido al gobierno de Juntos por el Cambio.
En la audiencia del pasado martes, la Fiscalía desvinculó de los hechos a quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos mandatos como Presidenta. Se trata del actual mandatario, Alberto Fernández, del ministro de Economía Sergio Massa, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del gobernador de Chacho Jorge Capitanich y de Juan Manuel Abal Medina.
Luciani señaló que durante los gobiernos de Fernández de Kirchner “los jefes de Gabinete fueron cambiando pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo”, en referencia a que Julio De Vido se mantuvo como ministro de Planificación Federal y Nelson Periotti como titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los 12 años de gobierno, incluyendo el mandato de Néstor Kirchner.
Al respecto, el fiscal señaló que todos los expedientes para ampliar el presupuesto de las obras que recibió Báez se iniciaban en la cartera de Planificación: “Seria desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. Esto es así porque la obra púbica ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete”.
Los ex jefes de Gabinete declararon como testigos en el juicio porque en ese rol eran los encargados de firmar las modificaciones de partidas presupuestarias, entre ellas las de las obras de Báez. Todos hablaron sobre cómo era ese mecanismo y descartaron que Cristina Kirchner haya cometido irregularidades.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola también hablaron de la falta de controles sobre las obras del empresario. Luciani expresó que las cuentas de inversión sobre las obras el Congreso las aprobaba con tres, cuatro o cinco años de demora.
Mola agregó que eso pasaba porque “los acusados conocían el funcionamiento de la administración” y detalló la falta de controles de otros organismos. Uno de ellos la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz que nunca designó a los funcionarios que debían hacer los controles. Situación similar a la del Tribunal de Cuentas santacruceño, al que calificaron de “órgano parasitario” en aquellos años en los que no hizo ninguna auditoria sobre las licitaciones ni de las obras públicas.
También se puso el foco en la falta de controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde fue designada como sindica general adjunta la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli.
Si la Fiscalía no pide más tiempo, el lunes será la novena y última audiencia, en la que se hará el pedido de pena para los 13 acusados del juicio.
