La legislación laboral argentina fracasó irremediablemente en todos los frentes posibles para analizar, demostrando la necesidad urgente de reformas que el Gobierno del Presidente Javier Milei propone lanzar.
En lo que respectos al mercado del trabajo, el fracaso argentino puede ser medido desde dos puntos de vista diferentes: la evolución del empleo en el sector privado formal (una suerte de termómetro sobre cómo funciona la economía) y proporción de empleo no registrado sobre la base del total de los puestos de trabajo que se crean.
La cantidad de puestos de trabajo medidos en el sector privado registrado no creció absolutamente nada desde septiembre de 2011. De hecho, registró un ligero declive en torno al 1,1% hasta diciembre de 2023, tomando como referencia a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que releva el Gobierno nacional.
Se trata de una muestra que cubre hasta el 60% del total de los asalariados del sector privado formal, encuestando a cerca de 3.000 entidades empresariales de todas las ramas de la actividad económica. El estancamiento crónico del EIL es una muestra muy indicativa del fracaso laboral argentino bajo las reglas de juego que el kirchnerismo defendió por años e incluso al día de hoy sigue defendiendo, pese a los desastrosos resultados.
Si se desglosa el índice EIL entre ramas de actividad, se observa que la cantidad de empleos formales en la industria manufacturera se desplomó casi un 8,6% entre septiembre de 2011 y diciembre de 2023, muy por encima del promedio general. Y pese al agresivo proteccionismo que llevó adelante el kirchnerismo, el país avanzó hacia la desindustrialización por la falta de insumos y la permanente inestabilidad.
Asimismo, la cantidad de empleos formales presentes en la industria de la construcción se desplomó un 42,3% desde mediados de 2011, y este sector en particular fue especialmente afectado por la incorporación de plazas laborales no registradas.
Con la legislación laboral defendida por figuras como Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, el grueso de los puestos de trabajo creados en los últimos 12 años fue precario y de mala calidad.
Según el INDEC, más del 35% de los asalariados no realizan aportes a la seguridad social (trabajan en la informalidad), y la cifra aumenta todavía más considerando el segmento de trabajadores informales independientes (aquellos que se dedican a hacer trabajos a domicilio y/o changas).
Esto se suma a la flexibilización “de hecho” a través de la incorporación de una gran cantidad de puestos de trabajo bajo la figura del monotributo o el empleo autónomo. Esto es una muestra más del fracaso de la legislación laboral vigente.
