El Gobierno apunta a un ´todo o nada´ para darle aprobar al Presupuesto 2025 esta semana en la Cámara de Diputados. Los gobernadores que apostaron por un acuerdo con el equipo de Javier Milei y quedaron insatisfechos con la negociación ahora amenazan con no apoyar el proyecto del oficialismo e impulsar su propia versión del Presupuesto; el Gobierno, por otro lado, amaga con no incluirlo en el temario de las extraordinarias para acorralarlos. El escenario incierto se definirá este martes: el plan es dictaminar ese día para llevarlo al recinto el jueves 21 de noviembre.
Los tiempos juegan a favor del oficialismo, puesto que este miércoles 20 es el último día para firmar dictámenes. El plan es que el 21 se apruebe en Diputados y el Senado lo sancione rápidamente durante los primeros días de diciembre, en sesiones extraordinarias. “Sale el nuestro o no sale nada”, repiten tanto allegados al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, como del entorno de Jefatura de Gabinete. Inamovibles en la negociación, saben que ahora no tienen nada para perder.
La carta que quiso jugar la oposición se venció la semana pasada: los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia Para Siempre buscaron presionar a Milei con la aprobación de la reforma a los DNU y el rechazo al que flexibiliza los canjes de deuda: así motivaban a que el Gobierno necesite del respaldo del Presupuesto 2025 y empoderaban los reclamos de las provincias, según argumentaban del sector.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, el secretario del Interior, Lisandro Catalán, y Martín Menem consiguieron que los gobernadores dejen sin quórum a los opositores y la sesión se cayó. La bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto intentó suspenderla diez minutos antes de que comience, para no perderla, y pidió reprogramarla para este jueves -el día que prevén sesionar por el Presupuesto-; sin embargo, Menem lo desconoció y la dio por caída. “Ni leyó nuestro pedido. Igual ya no dan los tiempos, así que el tema queda en la nada”, lamentó un diputado de EF.
En este nuevo escenario, el Gobierno tiene todas las de ganar: si no se actualiza la “Ley de Leyes”, prorrogarán el Presupuesto del 2023 otra vez, lo cual habilitaría un ajuste por default que le da discrecionalidad a la hora de reasignar las partidas. De esta manera, la oposición no tendría más alternativa que aprobar la propuesta del oficialismo.
Milei tiene múltiples opciones a su alcance para frenar cualquier iniciativa: puede retirar el proyecto; si se sanciona, puede vetarlo (total o parcialmente, en los artículos que no desee); o, lo más probable, es que no lo incluya en el temario de las sesiones extraordinarias para que el Senado no lo pueda tratar o, de ser necesario implicaría seguir funcionando con las partidas congeladas y del oficialismo parlamentario, aseguran, que no quieren eso: están dispuestos a avanzar con el Presupuesto 2025, pero bajo sus condiciones.
Los mandatarios provinciales tienen las suyas, y ahí es donde la puja de intereses tensiona el acuerdo. Como contó este diario, ellos le plantearon al Ejecutivo que cambien el procedimiento para auditar las 13 cajas previsionales y aumentar el monto que le asignaron a esas provincias (fijaron unos $254.421 millones); reclamaron por los Aportes del Tesoro Nacional, que representan un 1% de la recaudación, destinados a atender situaciones de emergencia de las provincias y que no fueron distribuidos.
También pisan fuerte en que se coparticipe el Impuesto a los Combustibles Líquidos, una pieza clave en la recaudación del 2025, y que se le devuelva a las provincias lo ajustado tras la reestructuración del ARCA (exAFIP), entre otras cuestiones. Se llevaron la promesa, a cambio de que desactiven la sesión por los DNU, de que iban a presentar una alternativa que contemple sus pedidos y terminaron recibiendo la negativa del ministerio de Economía para atender estas demandas.
Los gobernadores apuraron una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el jueves pasado y de allí trascendió la intención de ir con una alternativa paralela este martes, cuando se reúna la comisión que preside José Luis Espert a las 15 en pos de dictaminar el proyecto. Tendrían la aprobación del líder del PRO, Mauricio Macri, y los gobernadores de la UCR, ante la posibilidad de que el Gobierno no ceda.
La disputa principal se da en torno a las deudas que mantienen las provincias con Nación y vice versa: en Balcarce 50 le ofrecen a los distritos a que se suscriban a regímenes para auditar y cancelar las deudas, ya que los pedidos de coparticipación terminarían beneficiando a todos los gobernadores -principalmente, Buenos Aires (Axel Kicillof)- y, en cambio, los programas que presentó el Gobierno son voluntarios y permiten avanzar con una compensación.
La otra posibilidad es que la oposición firme el dictamen del oficialismo en disidencia; fuentes parlamentarias aseguraron que en realidad ese en realidad es el Plan A. Lo van a definir en base a lo que puedan articular en las próximas 48 horas. El otro dictamen que acompañará la firma de despacho será el de Unión por la Patria, que rechaza por completo el proyecto de ley.
