En la continuidad de su plan de reducir al mínimo la planta de empleados públicos, el Gobierno anunció este martes el cierre de otros dos organismos y la decisión de echar a 900 empleados más. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según precisó, esos organismos se van a transformar en "una dirección con 64 empleados. Se reducen 900 puestos de no trabajo y va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos".
"El Ministerio de Economía ha decidido avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores, estos institutos tenían un total de 964 empleados", precisó el portavoz.
Adorni aportó más datos para que, según señaló, se tome "dimensión de la fiesta que había de gasto público".
"Además de los 964 empleados tenia 160 delegaciones, dos sedes, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% el presupuesto se dedicaba a pagar sueldos", enfatizó.
El INAFCI fue creado en noviembre de 2022 por el Gobierno de Alberto Fernández. En esa oportunidad se determinó que se hiciera cargo de las tareas que realizaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
El presidente del INAFCI era Miguel Gómez, un dirigente social que integraba las filas del Movimiento Evita y era muy cercano a Emilio Pérsico, quien en las últimas horas fue denunciado por el Gobierno por haber sido presuntamente beneficiado con más de $470 millones a cooperativas que integraba.
La presentación ante la Justicia fue realizada por el Ministerio de Capital Humano. Lo acusan de violación de la Ley de Ética Pública, de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y abuso de autoridad, entre algunos de los delitos que menciona la denuncia.
De acuerdo a los datos presentados en la denuncia, Pérsico gestionó el envío de 261.671.087 pesos a La Patriada -cooperativa de la que era socio- y 211.675.962 pesos a Federación Evita -entidad de la que era presidente-. En total, son más de $473 millones que Pérsico ordenó transferir desde las arcas del estado a organizaciones que él mismo manejaba. Las sumas surgen de expedientes de asignaciones del plan Potenciar Trabajo.
Pérsico admitió que cometió el error de renovar el convenio: "No sabía que no podía". "Después de darme cuenta, fui directamente a la Oficina Anticorrupción. Fui y acepté mi error, y pregunté cómo lo podía corregir. Me dijeron que debía abstenerme de intervenir de ahí en más y eso hice", aseguró.
Sin embargo, se desligó del envío de fondos a las organizaciones de las que él formaba parte: "Yo firmé el convenio macro. Los desembolsos los firmó otro secretario”.
Los dos nuevos organismos apuntados por el Gobierno se suman al INADI y a la agencia estatal de noticia Télam. Además, el Ejecutivo ya había formalizado la decisión de convertir en subsecretaría el Ministerio de la Mujer.
