Según confirmó el actual titular de la ANDIS, Fernando Spagnuolo, la causa contra el gobierno de Alberto Fernández, la lleva adelante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 a cargo de Gerardo Pollicita, por una denuncia iniciada en marzo de este año, a partir de irregularidades encontradas con el cruce de datos de la ANDIS, con el ministerio de Justicia y la ANSES.
Spagnuolo dijo que "durante la gestión de Alberto Fernández se bajaron los requisitos para otorgar una pensión, al punto que se entregaban en actos políticos del expresidente donde se convocaban a entre 1000 y 1500 personas sin ningún control médico".
"Hubo provincias como Chaco o Tucumán en las que se convocaban a 1500 personas para entregarles el certificado, sin que hayan pasado por ningún control o presentaran documentación médica que acredite la discapacidad", señaló el funcionario de Milei que, al no tener el número exacto del posible desfalco al Estado, ironizó: "se hubieran pagado 3 viajes de ida y vuelta a la luna por mes".
Spagnuolo precisó que de los datos preliminares de las auditorías realizadas por la actual gestión, se desprende que "se otorgaron unas 390.000 pensiones en el último período de Alberto Fernández, lo que teniendo en cuenta las bajas por fallecimientos, generó un incremento de 250.000 pensiones". La nueva gestión investiga "una por una" esas pensiones, citando a cada beneficiario y a los médicos, para evaluar las condiciones médicas de los beneficiarios activos.
Spagnuolo confirmó que en total hoy el Gobierno nacional a través de ANDIS otorga un total de 1.250.000 pensiones por discapacidad, de las cuales "cada uno cobra $250.000", lo que "genera un impacto presupuestario incluyendo otros gastos por servicios y programas diversos, de 3400 millones de dólares".
Y agregó: "Después de cruce de datos entre los distintos ministerios, estamos en proceso de baja hoy de 200 mil pensiones" pero anticipan que van a "auditar a todo el padrón de beneficiarios" bajo dos criterios o requisitos a cumplir: "que tengan certificado por médico el 66% de discapacidad y tengan una situación social vulnerable".
"Estamos habiendo reordenamiento del sistema de prestaciones discapacidad 3400 millones de pesos de ahorro ordenando fondos que se destinaban a las provincias que no tenía contraprestación para las personas con discapacidad", indicó el funcionario que admitió que en medio del ajuste del actual gobierno, tiene 600 mil pedidos de pensiones pendientes en trámite de otorgamiento, de los cuales desde que asumió Milei, solo entregaron 20.000.
También sostuvo que desde que asumió el actual Gobierno recibió una "Agencia superpoblada y se redujo el 30 % del personal" y que ahora el plan es enfocarse en las auditorías y en un plan de inclusión laboral a través de emprendimientos.
