El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la Patria.
La acusación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando el cabo primero de Gendarmería viajó para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años. Gómez García, de nacionalidad venezolana y residente en Argentina desde hace más de cinco años, había gestionado una carta de invitación para que Gallo pudiera ingresar al país con fines recreativos, de acuerdo a lo que informó ayer Infobae con los documentos. El itinerario del viaje, que incluía un ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue debidamente informado y autorizado.
Nahuel Gallo fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro el 8 de diciembre y desde entonces su paradero es desconocido
Sin embargo, tras cruzar la frontera el 8 de diciembre de 2024, Gallo fue detenido. Según el relato de su familia, las autoridades le confiscaron su teléfono y equipaje, y posteriormente lo trasladaron en un vehículo sin identificar. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las autoridades venezolanas lo han acusado de espionaje, sin proporcionar información oficial sobre su situación procesal ni las condiciones de su detención.
Acciones legales y diplomáticas en curso
Ante la falta de información sobre el paradero de Gallo, Gendarmería presentó una acción de habeas corpus en la provincia de Mendoza, argumentando que la detención constituía una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inicialmente, un juez federal rechazó la acción, alegando falta de jurisdicción, ya que los hechos ocurrieron fuera del territorio argentino. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado investigar y juzgar crímenes graves como la desaparición forzada, independientemente del lugar donde hayan ocurrido.
En su resolución, la Cámara destacó que la jurisdicción universal está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 26.200, que implementa el Estatuto de Roma en Argentina. Además, subrayó la gravedad de la situación, señalando que los derechos fundamentales de Gallo, como la vida, la integridad personal y la libertad, estaban en peligro.
La Cancillería argentina informó que, debido a la expulsión del personal diplomático argentino de Venezuela, las gestiones se han realizado a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA. No obstante, hasta la fecha, no se logró determinar el paradero de Gallo ni obtener información sobre las acusaciones en su contra.
La intervención de Oscar Laborde
En este contexto, el ex embajador Oscar Alberto Laborde inició gestiones no autorizadas ante la dictadura venezolana, según la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad. Laborde, quien fue designado embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, habría contactado a la familia de Gallo en Argentina para entregar una carta al gendarme detenido, en colaboración con los jerarcas del régimen chavista. Según el Ministerio, estas acciones no solo carecieron de autorización oficial, sino que también habrían buscado justificar la detención de Gallo al presentarla como resultado de un ingreso irregular al país.
La denuncia sostiene que Laborde actuó en contra de los intereses de Argentina al avalar las acusaciones de espionaje formuladas por el régimen venezolano y al cuestionar la legalidad del ingreso de Gallo a Venezuela. Además, se le acusa de intentar legitimar las condiciones de detención del gendarme, lo que, según el Ministerio, constituye una traición a la patria al comprometer la posición del país en la defensa de un ciudadano argentino.
El documento judicial señala que la conducta de Laborde habría beneficiado al régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que perjudicó los esfuerzos diplomáticos argentinos para garantizar la liberación de Gallo. En este sentido, se argumenta que Laborde habría actuado con deslealtad hacia el Estado argentino, violando su deber de defender los intereses nacionales, especialmente considerando su anterior rol como embajador.
La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica el delito de traición a la patria. Según el Ministerio, este delito no requiere un estado de guerra declarado, ya que protege los intereses generales de la Nación como entidad soberana. La acusación también cita antecedentes jurisprudenciales que respaldan la aplicación de este tipo penal en casos de conductas que comprometen la independencia y autonomía del Estado.
