Tras las fuertes críticas que recibieron por avalar los controles que realizó el sindicato de Camioneros para verificar el cumplimiento del programa Precios Justos, en el Gobierno cambiaron de opinión y ahora no descartan desincentivar esos operativos.
“Estamos evaluando los resultados de los operativos en centros de distribución. En función de eso se verá si es necesario repetirlo, pero por ahora no está definido”, reconocieron en la Casa Rosada.
Consultados sobre la reacción negativa que generaron los controles, las fuentes aclararon que “la participación del área de logística del sindicato obedece exclusivamente a inspeccionar centros de distribución de algunos supermercados donde llega en camiones la mercadería”.
“Así como recibimos información de algunos faltantes de productos en supermercados, donde reciben aproximadamente el 50% de lo que piden, el sindicato eventualmente aporta alguna información al respecto, ya que son los que transportan la mercadería que envían las empresas proveedoras”, sumaron.
Y siguieron, en esa línea: “Nos sorprenden ciertas reacciones, ya que nunca se pensó que Camioneros o algún otro actor que no sea el Estado vaya a entrar a fiscalizar una góndola de un súper. Nos parece pertinente que estén en los centros de distribución porque son los que transportan la mercadería”.
“En caso de que tengamos que volver a visitar algún centro de distribución, siempre sujeto a temas de stock, el sindicato estará al tanto, igual que los supermercados, para mejorar la información que podamos tener”, sumaron.
Por último, respecto de dejar los controles en manos de las organizaciones sociales, las fuentes respondieron: “Al inicio del programa hubo una reunión con ellos con la finalidad de divulgar la app de Precios Justos e incentivar su uso por los consumidores, ya que además de conocer los productos que están dentro del programa también se pueden denunciar irregularidades. Esa es la herramienta de verificación que esta al alcance de todos. Pero nadie tiene atribuciones para hacer controles que no sea el Estado”.
Precios Justos: ola de críticas a los controles de Camioneros
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el lunes un número de teléfono para que los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que realicen “controles ilegales de precios” de la mercadería que sale de los centros de distribución de los supermercados.
“Frente a cualquier situación que reciban como un hostigamiento, una amenaza o una dificultad para poder ejercer sus derechos cuentan con el 911 para ponerse en contacto con la Ciudad”, anunció esta tarde el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, junto al nuevo secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff.
En la misma línea se manifestó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para ‘controlar precios’. Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos”.
Asimismo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por “quebrar el Estado de Derecho” e “incitar a la violencia”.
Además, la inserción de Pablo Moyano al programa de acuerdo de precios en calidad de “controlador” tensó la cuerda entre el Gobierno y el sector privado justo cuando el ministerio de Economía busca convencer a los empresarios de prolongar el acuerdo hasta fin de año.
Como si fuera poco, otro que se sumó a la movida de control es la organización social Barrios de Pie, que responde al dirigente Daniel Menéndez, quien además es funcionario del poder Ejecutivo nacional.
