Tras el anuncio del rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) Ricardo Gelpi sobre la decisión de ir a la Justicia para evitar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realice una auditoría sobre esa casa de estudios, en el Gobierno ya analizan escenarios y trabajan en un eventual plan de acción para continuar adelante con la medida.
En la Casa Rosada están decididos a apelar cualquier fallo judicial que frene la auditoría sobre la UBA y se mantienen firmes en recurrir a la Ley de Administración Financiera para sostener que es correcto que la SIGEN audite los gastos de la UBA, pese a que la normativa 24.521 establece que las universidades nacionales tienen autarquía económica-financiera.
“Si la Justicia entiende que hay causa, es decir, hace lugar al reclamo de la UBA, vamos a contestar la demanda. El sistema de la ley de administración financiera establece el régimen de control: donde hay un peso del Estado, debe haber controles”, aseguran fuentes de la Procuración del Tesoro que conduce Rodolfo Barra, el abogado del Estado.
