El proceso de simplificación de trámites para comprar y vender autos en Argentina ha dado un trascendente nuevo paso este jueves, al publicarse en el Boletín Oficial una nueva resolución del Ministerio de Justicia liderado por Mariano Cúneo Libarona, que permite que los concesionarios e intermediarios como las agencias de automóviles tengan la potestad de certificar la identidad de los vendedores y compradores, y de verificar la documentación de los automóviles y motocicletas.
Estas dos decisiones se complementan con la incorporación de una nueva tecnología, la de la validación de datos biométricos, que permitirá hacer operaciones de manera remota, una de las promesas que había hecho el presidente Javier Milei en su campaña electoral, como parte de la transformación del sistema registral de automotores y la eliminación de los Registros del Automotor.
En la práctica, esta resolución permitirá que todas las operaciones de compra y venta de automóviles y motocicletas que se realicen en empresas registradas legalmente como tales, legalmente bajo la figura de comerciantes habitualistas que tengan un volumen de no menos de 150 operaciones mensuales, puedan recibir un vehículo para la venta y firmar el formulario 08 y la transferencia en sus propias oficinas, sin obligar al vendedor a concurrir a un Registro del Automotor para certificar la firma en ese organismo.
A la vez, esto mismo ocurre con los compradores, quiénes podrán cerrar la operación en la concesionaria o agencia registrada sin tener que concurrir a un Registro para hacerlo. En las empresas de mayor envergadura, estos trámites ya se hacían en sus propias sedes, pero requería que tuvieran que tener un escribano especialmente para certificar la firma de la documentación, lo que insumía un alto costo adicional que se terminaba cargando al precio del bien adquirido y, en el caso de los vendedores, en una reducción del monto percibido por la venta.
En cambio, las agencias de autos menores, que no tienen un volumen de operaciones tan importantes, tenían como modo de operación solicitar que tanto comprador como vendedor, tuvieran que ir personalmente a una escribanía o a la dependencia del Registro Automotor correspondiente a hacer la firma de la documentación.
Asimismo, la extensión de estas prestaciones especiales otorgadas a los comerciantes habitualistas, permite que nombren a una persona de su plantilla de empleados para que pueda realizar en sus propias instalaciones, la verificación de la documentación de los vehículos, lo que se conoce como verificación policial, y que consiste en comprobar que la documentación del auto, la cédula de identificación y el título de propiedad tienen los números de chasis y motor coincidentes con los que están registrados en el vehículo.
Esta también era una operación que las grandes empresas hacían en sus sedes, pero pagando un servicio “a domicilio” de un funcionario policial que debía ir a hacer esa inspección, y que por esa condición de trasladarse incrementaba un costo menor en uno muy alto para las concesionarias. Ese costo también terminaba impactando en el precio de venta de las unidades, además de generar una cantidad de trámites innecesarios que ralentizaba las operaciones.
