El gobierno de Javier Milei anunciará en los próximos días más bajas en el Potenciar Trabajo. Será por graves incompatibilidades detectadas entre beneficiarios que, mientras cobraban el plan destinado a los más vulnerables, viajaron al exterior en aviones, embarcaciones, autos y ómnibus. El fiscal Guillermo Marijuan denunció el hecho en octubre pasado.
Según la investigación del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), el entrecruzamiento de datos entre beneficiarios del Plan Potenciar y los de la Dirección Nacional de Migraciones estableció que 159.919 personas salieron del país, inclusive en yates y cruceros mientras cobraban el plan social. Una clara incompatibilidad con los requisitos de vulnerabilidad establecidos para cobrar el Potenciar Trabajo.
Fuentes inobjetables de la Casa Rosada aseguraron que. según los datos preliminares que se completarán en las próximas horas, se confirmó la investigación preliminar de Marijuan, pero dijeron que la cifra “será inferior a los casi 160.000 detectados por la justicia”.
¿La razón? Entienden que hay muchos casos que corresponden a “personas en situación de frontera”, es decir, beneficiarios que cruzaron por pasos fronterizos como La Quiaca (Jujuy), Aguas Blancas (Salta) o Profesor Salvador Mazza (Salta) a las ciudades bolivianas de Villazón, Bermejo o Yacuiba, porque viven en esas provincias argentinas, pero tienen familiares, e inclusive hijos, en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En estos casos, el imperio que tomaría la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sería no dar de baja a estos beneficiarios porque cumplirían con las razones de vulnerabilidad para cobrar el Potenciar Trabajo y cuando cruzaron al país vecino se habrían alojado en casas de sus parientes.
En este punto surge otra posible irregularidad que también será pesquisada: cómo hacían estos beneficiarios, que pasaban varias semanas en el exterior, para cumplir con las veinte horas semanales de labores que debían desarrollar en una Unidad de Gestión que dependen de municipios, provincias, o cooperativas de movimientos sociales. Esa será una segunda investigación en la que se debería establecer si las ausencias era justificadas o alguien, de manera irregular, no advertía sobre esta situación.
Hasta ahora, la decisión de frenar el pago irregular que se realizaría a beneficiarios por fuera de las normas -tal como lo denunció el fiscal Marijuan- viene demorado.
En tiempos de “no hay plata” es un lujo que no se debería dar el gobierno de La Libertad Avanza. Según el cálculo de la fiscalía la erogación por planes presuntamente mal otorgados sería de unos 12 mil millones de pesos mensuales, un dineral.
En octubre pasado,se le consultó a la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz por la denuncia que había realizado el fiscal Marijuan. La funcionaria de Alberto Fernández respondió que esas 159.919 personas salieron del país era porque “vivían en zonas de frontera” y, por ende, “sus actividades diarias los ubicaban entrando y saliendo” de la Argentina. La actual diputada nacional no brindó más detalles y destacó que sólo había dado de baja a unos 1.100 beneficiarios que viajaron “a destinos onerosos como Qatar para ver el mundial de fútbol masculino, a España, Francia, Alemania, Holanda, Cuba, México y Colombia”, entre otros países con playas paradisíacas o ciudades de ensueño.
Desde la llegada de Milei al poder, Desarrollo Social pasó a ser secretaría de Niñez y Familia -a cargo de Pablo de la Torre- y a depender del Ministerio de Capital Humano.
A diferencia de la administración anterior, el gobierno de La Libertad Avanza, bajo los lemas de “no hay plata” y “el que las hace las paga”, mostró una actitud activa ante las denuncias judiciales, al menos por los planes sociales. “Siempre vamos a respetar las decisiones judiciales. El fiscal denuncia, un juez investiga y también lo hacemos nosotros. La decisión es dar las bajas que corresponda, al menos de manera preventiva”, expresó un funcionario de gobierno ante la consulta de este medio.
El propio Javier Milei, afirmó que “se van a dar de baja a todos los que cobren un plan social de manera irregular”.
La solicitud de Marijuan era muy clara: dar bajas de manera preventiva y que las personas se vuelvan a empadronar para, de esa manera, volver a cobrar el beneficio del Estado. Para ellos deberán acreditar la situación de vulnerabilidad y justificar cada una de las salidas del país.
En un oficio enviado a Tolosa Paz, el fiscal Marijuán le sugirió que “además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios” porque “es un descontrol, nadie controla nada”, sentenció.
La investigación de Marijuan había determinado que 817 beneficiarios del Potenciar Trabajo salieron del país en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó.
De los movimientos en avión, 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
“En lo atinente a la duración de los viajes registrados desde 2020, surge de la base recibida que: 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días”, completa el informe de la fiscalía para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social.
Marijuan presentó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py. Por sorteo recayó en el juzgado de María Servini y el fiscal Franco Picardi. La jueza entendió que la investigación preliminar de Marijuan debía acumularse por conexidad con la que ya tramita en el despacho se Julián Ercolini, el magistrado que pesquisa incompatibilidades en el cobro del mismo plan de otros 253.000 beneficiarios luego de que un informe de la AFIP, solicitado por el ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta -antecesor de Tolosa Paz- detectara que cobraban el plan pero tenían, por ejemplo, más de una propiedad a su nombre y que había hasta personas fallecidas en el padrón. La denuncia se judicializó también por una presentación del fiscal Marijuan.
En la actualidad las dos causas tramitan en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en la fiscalía federal N°8 que subroga Eduardo Taiano.
