El Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial el decreto con el que convoca a sesiones extraordinarias desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero de 2023 para tratar un temario de 27 proyectos, algunos de alta tensión política, como el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia y una iniciativa para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal.
De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
"Convócase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a Sesiones Extraordinarias desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero de 2023", dice el decreto que se publicará en las próximas horas y al que accedió este medio.
Y considera: "Se propicia el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura en virtud de lo establecido en los puntos II y III) de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”.
Además, se propicia "el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura en virtud de lo establecido en los puntos II y III) de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”.
"En dicho fallo la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ellono sucedía en el plazo de CIENTOVEINTE (120) días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida. Dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible", explica el Gobierno en el documento.
Entre las iniciativas a tratar, también figuran proyectos relacionad0s con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.
El pedido de juicio político
La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, anunció hoy el envío del proyecto al Congreso y aseguró que el Gobierno espera que "la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo durante este tiempo (...) para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso de la Nación". La oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio (JxC) tomó la decisión de no tratar las iniciativas que el gobierno pretende que sean analizadas en el período de sesiones extraordinarias, si no se excluía del temario el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
"Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que, en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones, hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates", insistió, al tiempo que le reclamó a los opositores "no extorsionar al Gobierno y, por lo tanto, a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan".
El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que fue calificada como "un hecho insólito" por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal "violó la división poderes" al tratarse de un tema "que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias", según evaluó la propia Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.
"Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional", indicó el Presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.
Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado subrayó que su deber era "promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones".
El Presidente contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa consensuada entre el Presidente y los mandatarios provinciales y pidieron al Parlamento que "las instituciones sean restablecidas" para que sean "garantes de la República".
Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.
