El Gobierno rechazará el pedido de nulidad que presentó Cristina Kirchner para impedir que le quiten su jubilación de privilegio. La expresidenta solicitó que le restituyan la asignación especial de $21.000.000 netos mensuales a través de un recurso expuesto ante la ANSES, que preside Mariano de los Heros.
La presentación la hizo el abogado Facundo Fernández Pastor, que representa a la presidenta del Partido Justicialista. Acusa que la medida “viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional” y que no fue notificada en tiempo y forma. Busca también que se le devuelvan las sumas retenidas con intereses y costas.
La Casa Rosada no dará lugar al planteo administrativo y espera que el conflicto se judicialice. En Balcarce 50 creen que van a perder la disputa si llega al Contencioso Administrativo. En ese sentido, reconocen que la intención de la medida “fue discursiva”.
La iniciativa fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y no contó con un dictamen interno del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. Un sector de Nación criticó la decisión y acusó a la funcionaria de ser “influenciada por la agenda judicial de Macri”.
La defensa la prepara el secretario de Legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet. La estrategia se basa en argumentar que la confirmación de la condena por la causa Vialidad es una justificación de “mal desempeño” y de “vulneración del honor de la magistratura” conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional.
El Gobierno se respaldará además en el artículo 29 de la ley 24.018, que dispone que las asignaciones vitalicias “no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.
Acusan también a Cristina Kirchner de “indignidad” y de atentar contra el sistema democrático por “incurrir en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. En Nación citan como ejemplo la derogación de los beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983.
El Ejecutivo mantiene la postura de que las asignaciones especiales son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
