En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.
El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.
Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.
Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).
Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda.
Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.
El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.
