El Gobierno trabajará esta semana, en reunión con los gobernadores este viernes en la Casa Rosada, una hoja de ruta para volver a tratar en el Congreso la Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo intentó sin suerte sancionar durante las sesiones extraordinarias de enero. Los funcionarios de Javier Milei buscarán insistir ante el parlamento con los mismos proyectos de restitución de la cuarta categoría de Ganancias y de cambio de la fórmula de actualización jubilatoria.
Fuentes oficiales que están involucradas en la estrategia renovada que el gobierno libertario traza para conseguir apoyo de los gobernadores, en la mesa de los ministros que estarán al frente de la negociación con las provincias creen que la modificación en la fórmula de actualización trimestral de haberes y la iniciativa de Ingresos Personales que haga volver a pagar el impuesto a unos 800 mil empleados tenían “buen consenso” durante las discusiones preliminares. La dinámica en Diputados terminó por dinamitar los puentes entre el oficialismo y los bloques opositores dialoguistas y la ley terminó por naufragar.
La convocatoria de Milei a una nueva ronda negociadora con los gobernadores vuelve a poner sobre la mesa algunos artículos y medidas que están relacionadas con el ajuste fiscal que busca Luis Caputo y que necesitaban respaldo parlamentario. Para ponerlo en números grandes: el fracaso del primer intento de sanción de la ley ómnibus le había costado al Poder Ejecutivo casi 1,5% del PBI del ajuste total de 5 puntos del Producto que necesita este año, por perder la chance de una suba generalizada de retenciones, la restitución de Ganancias y cambios en Bienes Personales.
Todavía no está claro si el texto completo de la segunda versión de la ley ómnibus será o no idéntico a la última versión negociada sobre el filo en Diputados, justo antes de que el oficialismo decidiera retirarlo ante la falta de apoyos en la votación en particular. Ya a esa altura la iniciativa había experimentado una serie de cambios considerables. Uno de ellos, por ejemplo, fue eliminar el traspaso de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) desde Anses al Tesoro. No está confirmado si ese artículo volverá a aparecer en el próximo intento que el Ejecutivo le dará al megaproyecto de ley.
Sobre la cuarta categoría de Ganancias y jubilaciones, en cambio, creen que si bien terminaron siendo víctimas del naufragio del proyecto, sobrevolaba un nivel de consenso que les hubiese permitido ser aprobadas en la cámara baja. De todas maneras, en el Gobierno se atajan: “Sabemos que puede haber cambios, pero no deberían ser significativos”, mencionaron a Infobae sobre esos dos proyectos en particular.
Respecto a la fórmula jubilatoria, durante la discusión en sesiones extraordinarias el oficialismo había llegado a negociar la derogación del esquema actual y la implementación de otro que siga la evolución de la inflación. De todas formas, había sido materia de debate entre economistas y dirigentes políticos si ese modelo no implicaba, en su puesta en marcha, “saltearse” un mes que sería de pérdida para los haberes. Era una hipótesis que planteó, por ejemplo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que tuvo un rol muy activo en el debate en comisiones.
“Para los aumentos por inflación que serán otorgados el 1° de abril de 2024 se deberá utilizar el IPC de febrero de 2024, ya que el IPC de marzo 2024 será publicado por el INDEC entre el 10 y el 15 de abril de 2024, es decir, luego de iniciado el ciclo de pagos del mes. En este sentido, se observa que en el empalme entre la fórmula vigente y el nuevo índice no se estaría considerando la inflación de enero 2024″, explicó ese organismo en un informe durante esas semanas de debate parlamentario.
Una conclusión que alcanzó, en ese sentido, fue que la nueva fórmula seguirían representando una pérdida de poder de compra de los haberes aunque menor que con el esquema actual. “El nuevo índice propuesto por el proyecto de ley, si bien presenta también un desacople con los precios ya que en la práctica tomaría información con dos meses de retraso, al ajustarse de manera mensual y al utilizar información más cercana para su actualización, permite que la pérdida de poder adquisitivo con relación al aumento de precios sea menor a la evidenciada con la fórmula actual”.
“La pérdida del haber real con la formula vigente asciende a 32,2% durante el año 2023, mientras que la simulación de la aplicación de la nueva fórmula a partir del mes de abril de 2023 implicaría una baja de los haberes reales del 22%, lo cual, si bien continúa reflejando una pérdida, en términos comparativos representa una mejora de 10 puntos porcentuales respecto de la formula vigente”, indicó la OPC, que es dirigida por el economista Gabriel Esterelles.
Las jubilaciones fueron una de las partidas del gasto que estuvieron más a mano del efecto de licuación que generó la aceleración inflacionaria. La consultora 1816 había estimado que la caída en términos reales fue del 30% en enero, mientras que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calculó que un tercio del total de la poda presupuestaria del primer mes del año estuvo explicado en jubilaciones y pensiones.
El Gobierno había previsto, en el croquis inicial de corrección fiscal, que las jubilaciones aportarían un 0,4% del PBI de los 5 puntos que requiere el equipo económico para alcanzar el equilibrio financiero. Cálculos privados tienen otros números, que están explicados por ese efecto de licuación del inicio del año.
“En un primer momento el Ministerio de Economía dijo que buscaba una baja del gasto previsional de 0,4 puntos del PBI respecto a 2023. Según nuestras estimaciones, la licuación de haberes durante el primer trimestre y el ajuste mensual desde abril, resultará en una reducción de la partida de jubilaciones y pensiones cercana a 1,3 puntos del PBI”, estimó Analytica.
En el caso de Ganancias la implicancia también es fiscal e involucra a las provincias. Del total recaudado por ese tributo, la proporción de reparto entre la Nación y las gobernaciones es cercana al 45-55, por lo que asoma como uno de los elementos clave para destrabar la negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores, en un contexto de apretón fiscal que cerró la canilla de transferencias a las arcas provinciales en los últimos dos meses. El proyecto que oficializó el ahora oficialismo el 23 de enero pasado implicaba que el mínimo de Ganancias era de $1.350.000 de ingresos mensuales.
Un estudio hecho por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) había estimado que en 2024 el impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias que aprobó el Congreso por iniciativa del entonces ministro de Economía Sergio Massa sería de 0,83% del PBI, de los cuales 0,35% corresponden a la Nación y el restante 0,48% del Producto a la combinación de las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La restitución de Ganancias fue uno de los tira y afloje entre las provincias y la Casa Rosada, ya que de ese modo el Gobierno podría recomponer ingresos fiscales pero además los gobernadores conseguirían también una tajada al tratarse de un impuesto coparticipable, a diferencia del impuesto PAIS y de retenciones.
