El gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, se presentó esta misma tarde en Comodoro Py para tomar vista de la causa judicial que investigará el escándalo en la contratación de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández.
Al margen de esa formalidad, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, ya trabaja en una segunda presentación para pedir ser querellante en la causa.
La causa comenzó hoy mismo con una denuncia de la abogada Silvina Martínez contra el ex presiente Alberto Fernández y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, a quienes acusó por los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La presentación se basa en un artículo publicado por Ricardo Roa en el diario Clarín el domingo pasado en donde se detalla que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con la contratación de seguros.
A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado. Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
Martínez Sosa tiene otro vínculo con el ex presidente: según declaró Alberto Fernández en su última declaración jurada le debe $102.240.
Además de los seguros, Martín Sosa también está vinculado al automovilismo. De hecho, es uno de los principales sponsors de Agustín Canapino, uno de los mejores pilotos de la actualidad. “Foto con Héctor Martínez Sosa, a quien le estaré toda mi vida agradecido, confiando en mi desde el 2009 y la persona que me ayudó en todo desde que perdí a mi viejo”, publicó Canapino en su cuenta de Instagram en 2022.
El esquema de intermediarios y de comisiones millonarias se replicó en otros organismos como el Ministerio de Seguridad, donde fue rápidamente desbaratado por la ministra Patricia Bullrich.
El puntapié de la maniobra habría sido el decreto 823/2021 que estableció que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
El monopolio lo tenía Nación Seguros y luego aparecían los brokers.
Pagliano condujo Nación Seguros durante los cuatro años del gobierno anterior y mantiene una estrecha amistad con Alberto Fernández desde los 90′, cuando ambos empezaron en el rubro de los seguros.
Según su última declaración jurada, de 2022, tiene un patrimonio de más de 120 millones de pesos, siempre tomando en cuenta los valores fiscales de las propiedades. Entre los bienes que declara aparece una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 300 m2, campos en Mendoza, y más de 300 mil dólares en una cuenta bancaria.
Por sorteo, la denuncia penal le tocó al juez Ercolini. Pero el Gobierno pedirá ser querellante para poder ofrecer pruebas y empujar el desarrollo de la investigación.
Esa tarea estará a cargo de la Oficina Anticorrupción, donde se trabaja por estos días para hacer un relevamiento de todas las causas de corrupción. Ese organismo volverá a ser querellante en los expedientes más emblemáticos, tras el anuncio del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Algo similar ocurrirá con la Unidad de Información Financiera (UIF), que volverá a tener un rol protagónico en causas de lavado vinculadas a la corrupción.
