El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes nuevos de allanamientos en el marco de la causa por el escándalo de los seguros del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, quien está entre los imputados. Se investigan negociados en la ANSeS y otros organismos oficiales con la contratación de brokers que cobraron millonarias comisiones.
El magistrado busca obtener todo tipo de documentación relacionada con la contratación de pólizas para los jubilados que tomaban créditos en la ANSeS y lo que se pagó a intermediarios cercanos al anterior gobierno, entre otras irregularidades denunciadas.
Hasta ahora no se difundieron precisiones sobre dónde se realizan los allanamientos para no entorpecer la investigación, pero sí que son más de 20 procedimientos y que están a cargo de la Policía Federal.
No es la primera vez que el juez Ercolini dispone este tipo de medidas: a comienzos de marzo, allanaron los domicilios particulares y comerciales del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; del broker cercano a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, y del intermediario Pablo Torres García, con fuertes vínculos con Sergio Massa y el dirigente macrista Nicolás Caputo.
La investigación busca desentrañar las maniobras que se iniciaron a fines de 2021, cuando Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros, compañía que a su vez contrataba a un broker y tercerizaba la mayor parte de las pólizas con aseguradoras privadas.
La causa penal pone foco en este entramado de contrataciones. La investigación judicial comenzó luego de que Clarín revelara una estructura que funcionaba dentro de la ANSeS y que movió cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros.
Los 20.000 millones de pesos, consta en la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, es lo que le “paga la ANSeS al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 -hasta la decisión de Alberto Fernández- los venía otorgando sin este seguro”.
A su vez, Nación Seguros subcontrató a otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, la Justicia ahora pone la lupa entre otros sobre un broker que habría percibido comisiones tres veces mayores a la del mercado: 17%. Esto representaba unos 300 millones de pesos mensuales.
Ahora, el juez quiere contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado que suscribieron contratos de seguros y que se regían bajo la normativa que habilita la figura de los intermediarios.
Durante los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia, Nación Seguros estuvo a cargo de Pagliano, un amigo de la juventud de Alberto Fernández que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Este vínculo y un posible tráfico de influencias se encuentra bajo análisis por parte de la justicia federal. Pagliano es otro de los imputados.
Con los allanamientos que ya fueron realizados y los dispuestos este viernes se busca esclarecer el rol como intermediarios de Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, casado con la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
También el juzgado busca determinar si este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. Se habla de más de 800 millones de pesos que se habrían volcado a este circuito presuntamente ilegal y que es objeto de la investigación penal.
