En una audiencia cargada de tensión, el padre Julio César Grassi (68), condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados, le pidió esta mañana a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón que le permitan salir en libertad condicional. Afirmó que tiene “contención familiar y económica”, subrayó los estudios que hizo desde la cárcel y afirmó que está preparado para la reinserción.
“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, le dijo a los jueces. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo -para acceder al beneficio de la libertad condicional”.
Desde la cárcel de Campana, donde está alojado, el sacerdote habló por zoom ante los integrantes de la audiencia. Lo escuchaba el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), quien se opone a la salida en libertad. También se opondrá el particular damnificado Sergio Piri, en representación de la víctima conocida como Gabriel. Grassi se defiende solo, ya que en la cárcel se recibió de abogado. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón está integrado por la jueza Mariana Maldonado y los jueces Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, y la fiscalía de ejecución está en manos de Mario Ravizzini.
A cuatro años de cumplirse la totalidad de la pena, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón analiza desde las 11 el pedido de libertad anticipada presentado por el padre Julio César Grassi.
Para fundamentar su petición, Grassi citó casos concretos de orden internacional donde hubo presos por “error judicial que pueden llevar a una persona a la cárcel”. También dijo que el informe psicológico que se le realizó en este incidente “no dice que tengo una actitud donde considere que los delitos -de abuso- están bien. Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores. No es mi actitud decir que esos delitos están bien, para mí son aberrantes y los repudio. Y lo he demostrado con las acciones pastorales y educativas que he realizado”.
Entre los requisitos legales para acceder a la prisión domiciliaria se encuentra un informe que documente la capacidad del preso para lograr una adecuada reinserción laboral en la sociedad. Grassi expresó que en libertad condicional trabajaría en temas pastorales ligados a personas detenidas. También el solicitante debe proponer un domicilio para demostrar “arraigo”, que para el cura estaría fijado en una quinta de José C. Paz perteneciente a un militar allegado a su hermano.
“Estoy preparando un proyecto de vida distinto”, dijo el cura al hablar de sus actividades ante una eventual salida. “Sé que las cosas que no pueden seguir como antes, y siendo inocente, tendré que buscar otras actividades dentro de la pastoral. Yo ya manifesté que quería hacer algo en beneficio de los presos. Empecé a estudiar abogacía, después una diplomatura y una pastoral carcelaria en la Conferencia Episcopal Argentina, además de todos los estudios que fui haciendo, inclusive de escribanía para poder ayudar dentro del mundo de la pobreza que puede tener inconvenientes con su propiedad”, agregó.
Luego expresó: “El abuso siempre representa una actitud de poder y de daño de una actitud contra una persona débil, y nada de eso ha ocurrido. He cumplido la progresividad de una manera muy clara durante todo este tiempo. A nivel social y familiar tengo contención, y a nivel psicológico no tengo ningún tipo de problema, según lo manifestó el psicólogo, que habló de resiliencia y lenguaje lógico”.
Y añadió: “tienen que estar tranquilos ustedes que voy a ser útil a la sociedad, llevando nuevas ideas en el área de derecho en ejecución penal, si la iglesia me lo permite, porque la iglesia dirá si me traslada a un lugar o a otro... Y estaré ayudando, porque mi esencia es ayudar y tratar de cumplir mi vocación de sacerdote, ahora en este momento como abogado y defensor de pobres”.
A su término, el fiscal se negó a la concesión del beneficio por considerar que el condenado “no reconoce sus acciones transgresoras” al continuar considerándose como inocente. También mencionó la “gravedad de la condena” y la “reinterancia delictiva” -el condenado fue sometido a otros procesos penales- como otros obstáculos para su salida. Luego, el representante de la víctima, Sergio Piris, calificó a Grassi como una persona que se cree “omnipotente” y que “no recapacitó en absoluto durante el encierro”. “Grassi no cambió en nada. Cuatro instancias dijeron que es culpable de un delito, y parece que no entendió la situación en absoluto, por lo cual no puede reinsertarse en la sociedad por su forma de ser”, señaló.
