"No hay una sola prueba que lo implique en este caso". Con ese argumento, la defensa de Julio De Vido inició este lunes su alegato en el marco de la denominada causa Vialidad, donde pedirá la absolución del ex ministro kirchnerista, acusado de organizador de una "asociación ilícita" para direccionar desde el Estado más de medio centenar de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.
Los abogados de De Vido deslindaron de toda responsabilidad al ex ministro al señalar que "nunca favoreció a Báez" y en esa línea terminaron defendiendo al ex socio comercial de Cristina Kirchner, al decir que recibió el 0,3% de la obra pública licitada por la gestión kirchnerista.
"El Tribunal va a tener la obligación procesal y ética de absolver a Julio De Vido", dijo al inicio del alegato el abogado Maximiliano Rusconi ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pidió la condena del ex funcionario a 10 años de prisión, por considerarlo organizador de la asociación ilícita que -según la acusación- tenía como jefe a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además también le endilgaron a De Vido el delito de administración infiel en perjuicio del Estado. Al momento de calcular el daño ocasionado al erario público por las maniobras defraudatorias que según la fiscalía se corroboraron durante el debate oral, se habló de una cifra que asciende a 1.000 millones de dólares.
Ante las acusaciones que pesan sobre De Vido, sus abogados señalaron: "derribaremos los planteos de la fiscalía", reiterando que "no hay ni una sola mención en contra de nuestro defendido durante el juicio que justifique que esté sentado como imputado".
Puntualmente Rusconi criticó al Tribunal como a los fiscales de este juicio. "Estamos ante un ejemplo contundente de lo que no hay que hacer", al señalar que el ex ministro "una y otra vez afronta imputaciones del Ministerio Público Fiscal por el cargo que ocupó, por la misma función, una vergüenza".
Continuando con su planteo, cargó contra los "medios hegemónicos" a los cuales acusó de "crear un héroe (por el fiscal Luciani) que no hizo más que violar todas las garantías procesales", al señalar que incorporó nueva prueba durante los alegatos, en referencia a los mensajes del celular de José López que implicaban a Báez y mostraban reuniones con Cristina Kirchner, o la intervención de Máximo Kirchner en la elección de algunas obras. Esa prueba, según explicó el Tribunal, se incluyó "dentro de los plazos procesales" en noviembre del año pasado y está a disposición de todas las partes.
Rusconi criticó que se haya hecho referencia a las pruebas "orientadas a un segmento de la obra pública, a un empresario en particular porque a otros empresarios no se los puede perseguir ni molestar", denunció. Lo cierto es que el juicio se circunscribe a la obra pública vial, específicamente, que se licitó entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Eso expuso que Báez que realizaba sendos negocios comerciales con el matrimonio Kirchner y sin provenir del rubro de la construcción, logró imponerse en 51 licitaciones con su holding.
Además, el abogado de De Vido negó que hubiera "rutas, caminos que no iban hacia ningún lado". Durante la instrucción y también durante el juicio se expusieron contratos que quedaron inconclusos, 24 en total rescindidos a comienzos de 2016 por la gobernadora Alicia Kirchner. Se detectaron rutas que llevaban más de diez años en manos del Grupo Austral con un grado de avance que no superaba el 36%. Pero además, se mostraron obras que no eran viales, como la remediación de canteras, que representaron una erogación de más de 650 millones de pesos.
A la hora de desmentir que desde el Ministerio de Planificación Federal se privilegió a Báez, el abogado de De Vido se refirió a un listado de empresarios favorecidos con obra pública (no vial exclusivamente) entre 2003 y 2015. "Báez el supuesto gran beneficiario era el número 36 de un extenso listado, era el 0,3% del total de contratos" a nivel nacional, dijo defendiendo también al dueño del Grupo Austral.
En este caso se analizaron las 51 licitaciones que recibió Baez entre 2003 y 2015. La auditoría en la que se basó la denuncia de Vialidad Nacional de la gestión macrista, sostiene que el 80% de los contratos licitados en suelo santacruceño fueron adjudicados al mismo grupo empresarial. Eso representó una erogación durante esos doce años, contemplando redeterminaciones de plazos, costos, sobreprecios consignados por la fiscalía, de $ 46.000 millones.
Las licitaciones que según la instrucción del caso, expusieron una gran cantidad de irregularidades en su etapa de confección, llamado a concurso público como la posterior adjudicación, las realizó la Dirección Nacional de Vialidad que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal. De allí, además, se consignó, se determinaban las partidas presupuestarias asignadas a obra pública vial.
Los abogados defensores consideraron que durante el juicio "no hubo una sola prueba ni testimonio que inculpe, ante diversos testigos no preguntaron los fiscales sobre Julio De Vido". Para la defensa esto corrobora que "no hay hechos sobre los cuales deba responder Julio De Vido".
El ex ministro De Vido ya fue condenado en otros procesos como la Tragedia de Once y un caso junto a Ricardo Jaime por la compra de trenes chatarra. En Comodoro Py afronta diversos expedientes elevados a juicio como el denominado caso de los Cuadernos de las Coimas, el desvío de fondos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros.
