Cristina Kirchner atravesó las últimas tres semanas su peor momento judicial en su primer proceso oral en el que se la acusa de jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado cuando fue presidenta, en más de $3.500 millones, según la estimación de la Fiscalía.
De acuerdo a las pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, parte de esos millonarios fondos habrían terminado en manos del matrimonio Kirchner, a través de una operatoria de la que participó el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y socio comercial en distintas operaciones del la ex pareja presidencial. Sin embargo, desde 2016, el patrimonio declarado por la Vicepresidenta se redujo drásticamente producto de la donación de todos sus bienes y acciones de las empresas familiares a sus hijos, Máximo y Florencia, en 2016. Fue justo al comenzar a ser investigada por la Justicia Federal.
En la última declaración jurada anual que presentó ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al período 2021, informó un patrimonio de $48.608.385. El monto representa un 195% más que lo que había declarado al cierre de 2020 en términos nominales, cuando había informado $16.463.095. Si se considera la inflación del 50,9% que hubo en 2021, el aumento real fue del 96%. El incremento obedece a la tenencia de dinero en el banco por $16,6 millones, y la mayor valuación de los “derechos reales” recibidos por herencia tras la muerte de Néstor Kirchner, ya que no incorporó bienes.
Cristina Kirchner no tiene propiedades a su nombre. No figura como dueña del departamento del quinto piso del edificio donde vive cuando está en la Capital, en Uruguay 1106, esquina Juncal. Este departamento, entre 2007 y 2011 -cuando Cristina era presidenta- fue alquilado por Lázaro Báez. No se trata de cualquier domicilio. Según la causa de los “cuadernos de las coimas”, Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, fue 87 veces para llevar bolsos con dinero a ese departamento, que en su mayoría fueron recibidos por Daniel Muñoz, el ex secretario ya fallecido de los Kirchner. De acuerdo a las anotaciones del chofer del segundo de Julio De Vido y los testimonios de una treintena de empresarios arrepentidos, ese dinero provenía de coimas pagadas por empresarios para conseguir contratos con el Estado.
El domicilio de Recoleta se convirtió en epicentro de una disputa política entre el kirchnerismo y el gobierno porteño por el control de esas cuadran que rodean el coqueto edificio, con manifestaciones de simpatizantes que apoyan a la vicepresidenta, quejas de vecinos por la ocupación del espacio público. y un cuestionado operativo del Ejecutivo de la Ciudad para intentar mantener despejada la zona.
La ex mandataria tampoco es titular del chalet familiar de 350 metros cuadrados de la calle Mascarello, en Río Gallegos, en el que residía cuando estaba en la capital santacruceña. Había sido adquirida en los papeles por Los Sauces SA, la firma inmobiliaria de los Kirchner.
Y no aparece tampoco como dueña de la casa en la que vive cuando viaja al sur, en la villa turística de El Calafate, “su lugar en el mundo” como ha dicho en más de una oportunidad. Se trata de una residencia de 485 metros cuadrados distribuidos en tres plantas que construyó al lado del hotel boutique Los Sauces que ella misma ideó, y que amplió en un terreno que era de Báez. Ese terreno lo canjeó en una permuta por otro lote frente al Lago Argentino de su propiedad con Austral Construcciones. Se trata de la que fue la nave insignia del empresario patagónico, a quien desconoce como “amigo” pero cuyos negocios en común y crecimiento patrimonial, la Vicepresidenta sigue sin poder explicar.
En dinero en cuatro cajas de ahorro, un plazo fijo y dinero en efectivo, Cristina Kirchner informó al cierre del año pasado $16.602.165, todo en pesos. A finales del 2020 había declarado $3.679.028. Sus bienes del hogar los valuó en $922.147. La vicepresidenta no informó, tampoco, auto a su nombre. Por su cargo, se traslada en vehículo oficial.
Tampoco están a su nombre las acciones de las empresarias familiares - ni Hotesur SA, la dueña del Hotel Alto Calafate, ni la inmobiliaria Los Sauces SA-, ya que donó todos sus bienes a sus hijos en mayo de 2016, ante la apertura de causas judiciales en su contra en las que quedó implicada por presunta corrupción. Según la declaración jurada patrimonial que la ex mandataria había presentado en 2017, le había cedido el año anterior un total de $74 millones a Máximo y Florencia, en un movimiento financiero que la dejó en ese momento con un patrimonio declarado de solo $3,5 millones. La jugada fue investigada como una insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio.
En esa donación Cristina Kirchner incluyó 26 propiedades, las acciones de las sociedades familiares, y millonarios plazos fijos que pasaron a nombre de Máximo y Florencia. Los movimientos se concretaron el 16 de mayo de 2016, tres días después de su primer procesamiento en la causa por el dólar futuro por el fallecido juez Claudio Bonadío - en la que sería sobreseída el año pasado-, y un mes y medio antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos por la Justicia.
El principal componente de lo declarado por la vicepresidenta son los “derechos reales en el país” que dijo tener por la herencia que recibió de Néstor Kirchner, por $31.084.071, según la declaración patrimonial a la que accedió Infobae, y que figura como “Rectificada”. En su presentación del año pasado, los había valuado en $12.131.852. Por “derecho real” se entiende “el derecho de usar una propiedad que se transfiere a un tercero distinto al propietario”. El ex mandatario murió en 2010, y su patrimonio se dividió un 50% para su viuda, y la otra mitad entre Máximo y Florencia Kirchner. En la declaración jurada que tiene como fecha de carga en la web de la OA el 31 de agosto, la ex presidenta no especificó a qué correspondían “esos derechos reales” que ingresaron a su patrimonio en marzo de 2016.
Las empresas familiares de los Kirchner están intervenidas por la Justicia, ya que sus manejos derivaron en el procesamiento de la ex mandataria, de Máximo y su hermana Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero en la causa que se unificó y se conoce como “Los Sauces-Hotesur”. Este expediente aguarda una definición de la Cámara de Casación luego de que el Tribunal Oral Federal Nro 1 resolviera, por dos votos contra uno, sobreseerla antes de que comenzaran las audiencias orales. La audiencia está prevista para el 10 de noviembre de este año.
