En medio de una parálisis institucional que ya lleva semanas y amenaza con profundizarse, el Senado impulsa un cambio en las reglas de juego de la Auditoría General de la Nación (AGN). La propuesta, encabezada por los senadores Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), busca reducir a la mitad los mandatos de los auditores: de ocho años a cuatro.
La movida no es casual. Desde el 31 de marzo, la cúpula de la AGN se encuentra virtualmente congelada por el vencimiento del mandato de los tres auditores designados por la Cámara alta. La casa ya venía funcionando a media máquina: los tres representantes de Diputados también caducaron, pero nadie se apuró en renovarlos. Resultado: desde abril, el organismo de control de las cuentas públicas, que debería tener siete miembros, se mantiene con apenas cuatro.
El peronista Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN y único miembro que no depende del tironeo parlamentario, asumió automáticamente más atribuciones para garantizar algo de continuidad. La postal institucional es, cuanto menos, contradictoria: una auditoría nacional sin auditores.
La iniciativa de Romero y Espínola plantea modificar el artículo 121 de la Ley 24.156, reduciendo los mandatos como forma de "dinamizar" la renovación de cargos. La realidad sugiere otro trasfondo: con la designación de nuevos auditores empantanada por una interna sin fin entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el peronismo, cualquier excusa sirve para reconfigurar el tablero.
La disputa de fondo
En la última reunión de la Comisión Revisora de Cuentas, su presidente, Miguel Ángel Pichetto, encendió las alarmas. Pidió a los presidentes de ambas cámaras que convoquen a los jefes de bloque para ponerse de acuerdo y destrabar el enredo.
La Cámara de Diputados arrastra su propio sainete: desde hace un año no logra reemplazar a Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada. La Libertad Avanza quiere imponer a Santiago Viola, el PRO y la UCR también exigen lo suyo, y el peronismo –que hasta ahora contaba con dos sillas– se niega a perder espacio.
Según fuentes radicales, el kirchnerismo bloqueó acuerdos que habrían habilitado a Mario Negri como auditor, repartiendo los otros lugares entre LLA y PRO. Esa versión, claro, no convence ni al macrismo ni a los libertarios, que acusan al radicalismo de querer más de lo que le corresponde con apenas 20 diputados, divididos en tres tribus.
Las cifras hablan solas: el peronismo conserva 98 bancas, el PRO 41, La Libertad Avanza 40 y la UCR, muy lejos, suma 20. La lógica numérica le juega en contra a los radicales, que ven con preocupación cómo se diluyen sus chances de conservar presencia en la AGN.
En el Senado, el panorama no es mucho mejor. Nadie pone fecha para votar a los nuevos auditores. El peronismo reclama mantener dos lugares, la UCR quiere colar a Luis Naidenoff y el oficialismo no se resigna a quedar afuera, aunque eso suponga que el kirchnerismo o los radicales deban ceder terreno.
A la vez, Romero presentó otro proyecto de resolución para bloquear las auditorías privadas sobre empresas públicas, un intento por mantener el control político sobre el control técnico.
