En un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, Estados Unidos denunció este lunes “graves problemas con la independencia del poder judicial” y una “grave corrupción gubernamental” en la Argentina.
El Departamento de Estado difundió el informe llamado 2022 Human Rights Report, un sumario que evalúa anualmente la situación particular de los derechos humanos de cada país y remarca ciertas cuestiones particulares a las que prestar atención.
Según explicó el secretario Antony Blinken en una conferencia de prensa este lunes, este informe ha servido durante más de medio siglo como “un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia”.
En el caso de Argentina, el gobierno de Joe Biden advirtió sobre varios temas: “Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.
Y el Departamento de Estado terminó la lista con otras dos cuestiones: “Graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental”. Señaló que “el Gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”.
En el capítulo titulado “Denegación de un juicio público imparcial”, el informe señala que en la Argentina “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política”.
El reporte señala que, en general, el poder judicial generalmente hizo cumplir el derecho a “un juicio justo y público”. Sin embargo, advierte sobre “las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial”.
También sobre “la amplia discrecionalidad de los jueces sobre las investigaciones y cómo llevar a cabo las investigaciones contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.
