El alegato de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad comenzó el lunes con la palabra de su abogado defensor, Carlos Beraldi, y este martes desde las 9:00 se desarrollará la segunda de las tres jornadas previstas.
En este nuevo día se espera nuevamente que Beraldi tome la palabra luego del acalorado discurso que dio este lunes, en el que criticó fundamentalmente el accionar de la Justicia.
La última instancia será el próximo viernes 23 de septiembre, donde se prevé que la titular del Senado exponga de manera remota. Luego, será el turno de Lázaro Báez.
Se espera que la Vicepresidenta haga una exposición de dos horas, algo que había reclamado luego de que la fiscalía pidiera condenarla a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.
Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar sobre los 13 acusados que tiene el juicio. En este sentido, ya pidieron su absolución el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y los exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, arremetió contra el Poder Judicial este lunes al considerarlo el “menos democrático” de los tres poderes.
“El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, indicó, citando un trabajo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Están intentando sustituir la voluntad popular”, profundizó.
Por otra parte, insistió en que la expresidenta ya fue investigada, con sentencia a su favor, en esta causa. “Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes y los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi.
“Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, agregó.
Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del Gobierno de Mauricio Macri, para que se investigara la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.
Además, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.
Por el otro, señaló: “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto”, haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del expresidente, Ángelo Calcaterra.
Otro eje de la defensa por parte de Beraldi pasó por la “mala praxis” en la que habrían incurrido los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani al no haber citado otros funcionarios a declarar ya que, según explicó, el entramado del Presupuesto en el que se definen, entre otras cosas, las partidas destinadas a obra pública “no es un procedimiento arbitrario, es reglado e intervienen varios estamentos”.
Durante el alegato, el letrado mostró fragmentos de exposiciones dentro de la causa que realizaron los exjefes de Gabinete Alberto Fernández, Jorge Capitanich, Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Sergio Massa. También al extitular de la Oficina de Presupuesto, Raúl Rigo, y al exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini.
En la misma línea, sumó al Congreso Nacional para echar por tierra el argumento de la fiscalía de que el poder legislativo tuvo un “rol marginal”. Citó las declaraciones de los exdiputados Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez y Ariel Osvaldo Passini. “Ningún legislador fue presionado para votar a favor”, completó Beraldi.
