Este lunes 8 de agosto se inició la cuarta audiencia de alegatos en la causa contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 13 imputados por irregularidades en la obra pública.
Pese a las recusaciones presentadas contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, el Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, resolvió continuar con el alegato acusatorio de la fiscalía.
El abogado de la vicepresidenta y otros cinco imputados recusaron a Luciani y Giménez Uriburu por jugar al fútbol en una residencia privada del ex presidente Mauricio Macri. Ante esto, el tribunal resolvió tramitar las recusaciones por "vía incidental", es decir, como una cuestión paralela que deben resolver los jueces que no fueron recusados por el momento, mientras el juicio oral continúa con su desarrollo.
En ese marco, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani retomaron los alegatos en el juicio por presunta corrupción.
“Señores jueces, hubo un apartamiento sistemático de la ley, verán que todo fue muy burdo”, planteó el fiscal al detallar las presuntas modificaciones de obra y extensiones de contratos otorgados a Austral Construcciones durante los años del kirchnerismo.
"Se otorgaron más de 1.500 millones de pesos en ampliaciones de presupuestos para estas obras. Se destinaron fondos públicos a obras ilegales que sirvieron para perjudicar al Estado", manifestó Luciani, quien analizó que "Cada paso de esta maniobra estuvo perfectamente sincronizado. El perjuicio para el Estado fue acrecentándose cada vez más, sin límites", sostuvo. "Estamos hablando de mucho dinero señores jueces, mucho dinero", remarcó.
En reiteradas ocasiones, expuso, "se autorizaron modificaciones de obra cuando estaban por terminarse los plazos, siendo que las obras tenían colosales atrasos".
Según dijo, fue "para justificar la ineficiencia de Austral construcciones" y explicó que "la figura de las modificaciones de obra fue utilizada sistemáticamente para cubrir" esa ineficiencia, en parte debida a la "avalancha de obra pública con la que se lo vio beneficiado en aquellos años".
Bases y condiciones como barrera
Tras presentar lo que denominó un "esquema de irregularidades" y un "desmanejo de fondos públicos", el fiscal Mola pasó a centrarse en en las bases y condiciones del pliego licitatorio, las cuales señaló: “fueron otra herramienta utilizada para garantizar el direccionamiento a favor de Lázaro Báez”.
"Acá hablamos de que instalaron una barrera legal, no era necesario acudir a la oficina nacional de presupuesto, a las áreas legales, sino a las personas funcionales a esta estructura criminal”, acusó el fiscal y enfatizó en que sólo las empresas de Lázaro Báez participaron de las licitaciones.
El fiscal Sergio Mola: "Las obras direccionadas recibían fondos del Tesoro Nacional sin pasar previamente por los controles"
"No tenemos ninguna duda de que las licitaciones públicas a las que estamos refiriendo y analizando, convocadas por la administración tanto Nacional como Provincial, se trataron de licitaciones aparentes que fueron direccionadas hacia Lázaro Báez", comenzó remarcando el fiscal Sergio Mola.
"Estas licitaciones públicas fueron y constituyeron, el ropaje jurídico, elegido por los imputados, para direccionar fondos hacia las empresas que estaban bajo el dominio de Lázaro Báez", continuó y recalcó: "No hubo licitaciones. Fueron contrataciones directas disfrazadas con este ropaje".
Mola afirmó que "se quebrantó abiertamente la ley y los principios que deben regir toda contratación pública". Además, mencionó una "inexplicable celeridad" en el proceso y un "intolerable beneficio" hacia las empresas de Báez.
Irregularidades y financiación de las obras en Santa Cruz
Tras realizar una recreación del procedimiento mediante el que se realizó el primer trámite de remediación de canteras, el fiscal Luciani pasó a preguntar: "¿Cómo fue que estas obras terminaron siendo financiadas con dinero del tesoro nacional?. Había una orden, se crearon las condiciones para la extracción rápida de fondos nacionales, ya que próximamente se llevarían a cabo las elecciones presidenciales, y las empresas de Lázaro Báez eran el móvil que se iba a utilizar a ese fin", remarcó.
Asimismo, luego de revisar los análisis de precios de las seis licitaciones por remediación de canteras, un documento obligatorio a la hora de presentar una oferta de licitación, Luciani afirmó que los resultados fueron "alarmantes".
Obra pública en Santa Cruz: el inicio de los hechos
"¿Cómo fue que se decidió invertir en este tipo de trabajos?¿A quién se le ocurrió o quien tomó esta decisión?", cuestionó Luciani y advirtió que "lo que se intentó aparentar en el expediente de licitación no es la realidad de lo que sucedió". "Para poder extraer semejante suma de dinero se tuvo que construir una apariencia", remarcó.
En este sentido, detalló que en "reiteradas oportunidades" en los expedientes se señaló que las obras "fueron solicitadas por el Poder Legislativo de Santa Cruz". "En otras palabras, el pueblo de Santa Cruz pedía que Lázaro Báez remediara canteras", agregó.
Sin embargo, Luciani reveló que "luego de mirar mucho los expedientes, se sorprendieron ingratamente de descubrir que esto no fue decisión del Poder Legislativo provincial". "El trámite para contratar remediaciones de canteras se inició en la AGVP (Administración General de Vialidad Provincial) antes de que el Poder Legislativo formulara la solicitud", detalló.
“La idea de remediar canteras nació cuando Sancho ya estaba en la gobernación. Esta decisión carecía de razonabilidad y enciende una enorme alerta", señaló Luciani y agregó: "Existió una orden para beneficiar a Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".
Luciani presentó pruebas sobre la falta de "competencia real" y la discrepancia entre los trabajos y los gastos
Tras la introducción a su alegato, Diego Luciani expuso información donde se detallaba que "se aseguraron de que no hubiera competencia real". Un ejemplo utilizado fue el de la empresa Helport.SA., "cuya oferta, ni siquiera cuando quiso competir, fue abierta", según Luciani.
Señaló que el Ministerio Público Fiscal hace referencia a un "sistema simulado de licitaciones, un sistema opaco, sin la publicidad que la ley exige". Además, remarcó que estas "no fueron denunciadas en el Registro Nacional de Obra Pública".
Luciani detalló en qué consiste el proceso de una "remediación de canteras" y qué gastos implica la realización de este tipo de trabajos. Con dicha comparación buscó enfatizar en que el monto de 220 millones de dólares no estaba justificado.
