Gilbert es un municipio en Entre Ríos a unos 80 kilómetros de Gualeguaychú. Tiene menos de 2000 habitantes. En ese lugar, tres mujeres denunciaron haber sido abusadas sexualmente.
Las tres apuntan a la misma persona: Fabián Constantino. Constantino es el intendente del pueblo. En ese contexto en el que el poder se ejerce sin filtros, en el que todo, tarde o temprano pasa por el control del municipio, en el que todos los poderes del Estado son una sola cosa vidriosa, estas mujeres encontraron la manera de hablar, de hacerse oír, de transformar su calvario en una denuncia judicial.
Constantino está imputado por los abusos, y el poder de la provincia se movió para apartarlo y sacarlo de su cargo. Él resiste. Tiene arresto domiciliario, un arresto que se cumple sin tobillera electrónica.
Un patrullero pasa un par de veces al día para ver que esté en su casa. Hace un tiempo tuvieron que separar al policía que tenía esa función: el intendente le había dado la concesión de la terminal de colectivos del pueblo.
Ese poder omnipresente pudo mantener a las víctimas en silencio durante un tiempo. Pero el dolor fue demasiado para tragarlo y denunciaron. Aún cuando ven la casa de su victimario desde la ventana. Aún cuando nadie les asegure que van a recibir algo de justicia.
