Nadie entiende por qué con todas las pruebas que hay en la causa, la justicia de Lomas de Zamora no avanzó hasta ahora con la indagatoria a los responsables de la estafa que sufrió el jubilado Luis Vázquez, un empresario inmobiliario que se quedó pobre cuando estaba agonizando.
Con la causa a punto de prescribir, la familia de Vázquez acaba de acusar al fiscal que investiga el caso de facilitar la impunidad de los estafadores. Es que la jugada de la fiscalía de activar solo tres indagatorias por un hecho deja afuera a todos los otros involucrados. Todo eso se da justo justo cuando los particulares damnificados acaban de involucrar en esa estafa a Luciano Scatolini, quien fuera socio de la escribanía donde se hicieron todas las ventas cuestionadas. Scatatolini es hoy funcionario público: está al frente de la Secretaría de Desarrollo Territorial en Ministerio de Hábitat. Consultado, Scatolini negó cualquier vinculación con los hechos irregulares y defendió a su socio.
No obstante, por cuerda separada, el fiscal Guillermo Marijuan tomó nota y abrió una investigación preliminar en Comodoro Py por lavado de dinero, un delito más grave que el que se investiga en Lomas de Zamora, para analizar la conducta de todos los denunciados en el caso de Luis Vazquez, revelaron a este medio fuentes judiciales.
El caso está a punto de prescribir en la justicia provincial y sólo podría interrumpir esa situación el llamado a indagatoria de los sospechosos. Tal como contó este medio el año pasado, la historia se remonta a 2009, cuando Luis Vázquez decidió darle un poder general de administración –que también era recíproco- a Maximiliano Teta, su hombre de confianza. En 2016, el hombre comenzó a tener problema de salud y el 13 de julio de 2016 tuvo un ACV que lo dejó inhabilitado.
En solo 59 días, Teta vendió 34 propiedades a familiares y amigos, algunos de los cuales cobraban una AUH y no tenían poder de compra. En algunos casos, el precio en que se vendió llegó a ser hasta el 7424% inferior al valor de plaza. Durante 24 meses no se hizo casi nada en el expediente. El caso se reveló el año pasado y hace un mes reportó un sospechoso allanamiento en la escribanía de Ezeiza donde se firmaron todas las supuestas ventas que hizo el jubilado.
Pero ahora, los herederos del jubilado fallecido no solo apuntan contra Ringuelet, quien intervino en todas las operaciones de compraventa, sino también contra Luciano Scatolini, socio de la escribanía Ringuelet-Scatolini y hoy funcionario público. Según el escrito con el pedido de indagatorias al que se accedió, fue presentado días atrás, “Andrés Ariel Ringuelet no sólo conocía a Luis Vázquez por su condición de cliente habitual, sino que había estado con él, tan sólo unos días antes de que sufriera el ACV que lo incapacitó. Es decir, mantenía con Luis una relación tan estrecha que le permitía estar al tanto de la situación que atravesaba, por lo que podemos estar seguros de que el Sr. Ringuelet estaba al tanto de que se encontraba internado, sin posibilidad de hacer uso de sus facultades. Y es que resulta insostenible que el notario, de estrecha vinculación con Vázquez (conforme el allanamiento realizado en autos se ha acreditado que el escribano asistió a Luis Vázquez en, al menos, 800 escrituras), hubiera desconocido su estado de salud, más en una pequeña localidad como Ezeiza, en la que se conocen todos. Tal conocimiento de la situación, sumado a su conocimiento del derecho, permite afirmar sin hesitación de duda alguna, que Ringuelet formó parte de la maniobra, ya que no podía desconocer la pérdida de vigencia del poder que se utilizó frente a él, para perjudicar económicamente a Luis Vázquez”.
En ese sentido, los herederos de Vázquez afirman que no puede alegarse desconocimiento porque era un cliente habitual de la escribanía. La querella apuntó ahora contra el socio de Ringuelet, Scatolini, al señalar que “jamás pudo desconocer la maniobra fraudulenta que tuvo lugar bajo su área” porque “la maniobra fraudulenta descripta no solo tuvo lugar en su escribanía y porque es socio de Andrés Ariel Ringuelet, sino porque además suscribió los informes de dominio de las escrituras que desapoderaron de los bienes a Luis Vázquez”.
“¿No le llamó la atención tampoco al Sr. Scatolini la decisión del incapacitado Luis Vázquez (a quien también conocía y sobre cuyo estado de salud estaba claramente al tanto) de desapoderarse en 59 días de sus más valiosas propiedades? A ello también se le agrega el otorgamiento de los poderes simultáneos de varios de los supuestos compradores a favor de Teta, avalando la ilicitud de las operaciones”, se señaló. “Si bien el escribano interviniente en las operaciones inmobiliarias es, de acuerdo a los usos y costumbres, elegido por el comprador, en todas las transacciones llevadas a cabo por el Sr. Teta, intervino como escribano el Sr. Ringuelet. Es decir que vio delante suyo, una a una, las operaciones tendientes a perjudicar a Luis Vázquez”, se añadió.
Para los particulares damnificados, el hoy funcionario también fue socio en las ganancias que le reportó esas operaciones irregulares. “Tanto el escribano Ringuelet como su socio Juan Luciano Scatolini tuvieron participación en todas las operaciones realizadas por Teta, en supuesta representación de Luis Vázquez, conociendo el estado de salud del difunto. Esto quiere decir que los notarios estaban al tanto de que el poder utilizado para perjudicar a Vázquez se encontraba caduco. Pese a ello decidieron seguir adelante con operaciones en las que los precios de venta resultaban irrisorios -detalle no menor que los escribanos notaron, dada su experiencia en el rubro y como consecuencia del estudio de títulos que, para realizar las operaciones, debieron efectuar-, perjudicando, a sabiendas, al propio Luis Vazquez”.
A su criterio. la situación expuesta permite afirmar que tanto Ringuelet como su socio Scatolini formaron parte de la maniobra llevada a cabo para desapoderar a Luis Vázquez, por lo que cabe citarlos a prestar declaración indagatoria, toda vez que es sumamente relevante que los mismos tenga la posibilidad de dar respuesta a todos los interrogantes que surgen a partir de la maniobra delictiva desplegada en su propia escribanía”.
Luciano Scatolini, el funcionario de Hábitat denunciado en la causa del jubilado Luis Vazquez
La versión de Scatolini
“Es una barbaridad que me estén buscando desacreditar profesionalmente a través de esta maniobra”, dijo Scatolini a Infobae al ser consultado sobre esta presentación judicial. “Están buscando mi desprestigio. Cualquiera puede pensar este es un h.d.p por lo que le hicieron a este viejito. Pero no hay ningún motivo que me vincule a mí con esto. Yo no autoricé ninguna escritura. Las escrituras las autorizó el escribano Ringuelet, que estoy convenido no tiene ninguna cuestión que haya sido al margen de nuestra responsabilidad profesional”.
Y agregó: “Si se firmó un informe de dominio, que no me consta, es un trámite administrativo que no perjudica en lo más mínimo la situación patrimonial de nadie... Es hasta ridículo jurídicamente. Cuando haces un trabajo profesional es un trabajo de rutina pedir estos informes, es una tarea burocrática que hace cualquier gestor. Tienen esta estrategia, soy funcionario público pero esto se hizo en otro momento. Yo tengo mi conciencia tranquila y jurídicamente no tengo ninguna participación. Mi socio autorizó las escrituras. Yo ni conozco la causa porque no tengo nada que ver”.
Por su parte, el abogado Alfredo Gascón, defensor de Ringuelet, expresó: “Esto es un conflicto intrafamiliar entre sucesores y la escribanía fue históricamente el lugar donde se hicieron todas las operaciones del fallecido. Era un cliente habitual de la escribanía y cualquier operación. La escribanía no está en condiciones de saber de liquidar todo un patrimonio. Este apoderado hizo operaciones como se hacían tantas otra veces. Era algo frecuente y habitual. No hubo situación irregular en cuanto al precio. Cada uno le da el precio que quiere al inmueble. Pero además el escribano no tiene ninguna intervención en lo que acuerda el comprador y el vendedor en cuanto al precio. Por el lado de la escribanía Ringuelet, no hay nada delictivo. Insisto: es un tema familiar. Que le vayan a preguntar al apoderado qué hicieron con la plata”.
Las críticas al fiscal
Con la exposición mediática disparada por estas notas, los investigadores resolvieron la semana pasada citar a indagatoria solo a tres sospechosos por un delito menor y no por toda la maniobra en donde la familia denuncia una banda dedicada a estafar. Los convocados son el escribano Ringuelet y a Enrique Cayetano Vitelli e Ian Yoel Rodríguez. A ellos quieren preguntarles por un poder usado el 12 de julio de 2016, para abrir una caja fuerte del Banco Provincia de Monte Grande a nombre de Vázquez. Al día siguiente, Vázquez sufrió un ACV del que ya nunca más se recuperó. Todas sus propiedades fueron vendidas en la misma escribanía de Ezeiza.
El jubilado en su internación mientras se vendían sus propidades
La queja de la familia de Luis Vázquez, ya fallecido, es porque estas indagatorias -fijadas para el 14 de septiembre- se están llevando adelante por un delito menor, administración fraudulenta, previa pericia caligráfica de la firma de Vázquez, y no por las acusaciones de falsedad ideológica y asociación ilícita, denunciadas desde el inicio, y enmarcadas en la venta de más de 30 propiedades. Además, el resto de los denunciados no fueron llamado a declarar. Para los querellantes (o, como se dice en provincia, particulares damnificados), se trata de una pantalla de cobertura, “una ‘mise en scène’ , para hacer creer que se está haciendo algo luego de se revelara el caso y provocara la exposición mediática de la causa, según aseguró a este medio el abogado Juan Caimi Villanueva, quien junto a su colega Matías Ledesma representa a la familia del jubilado.
A través de un escrito ante el juzgado de Garantías, la familia Vázquez denunció que no entiende por qué se ordena ahora esa medida -que no interrumpe la prescripción- cuando desde el principio del caso están expuestas todas las maniobras a través de las cuales se habrían quedado con más de 30 propiedades a un precio irrisorio. El principal sospechoso para la familia es Maximiliano Teta, el apoderado del jubilado que terminó vendiendo todas las propiedades, a través de la escribanía Ringuelet, a familiares y amigos, algunos de los cuales eran pobres y recibían a la AUH. La venta se hizo en solo 59 días. En esta nota se publica el cuadro de relaciones entre vendedores y compradores.
“Lo inexplicable es que sobre las ventas simuladas y fraudulentas de los 34 inmuebles despojados a Luis Vazquez existe un caudal probatorio abrumador sobre la existencia del delito, que no admite margen para la duda y sin embargo el Sr. Fiscal optó contra toda lógica y legalidad por avanzar, a regañadientes, únicamente sobre un asilado y solitario hecho, luego de una fuerte exposición mediática y de reiteradas peticiones de los querellantes. ¿Por qué razón no se ha citado a prestar declaración indagatoria por todos los hechos?”, sostiene el escrito firmado por la querella.
La escribanía del jubilado fallecido
Los dardos apuntan al fiscal de Lomas de Zamora Jorge Grieco. Se intentó comunicarse con el funcionario para obtener su versión de los hechos y no tuvo respuestas. La querella presentó ante la Fiscalía General de Lomas de Zamora una queja por retardo de justicia, en donde denuncian todas las diligencias que no se hicieron en el expediente. Entre ellas, figura el curioso allanamiento a la escribanía -relatado por este medio- en donde los abogados querellantes fueron citados en otra dirección cuando la policía ya estaba en el operativo.
“Aunque resulte tedioso reiterar una y otra vez la cuestión que sobre dichas ventas se ha probado que Maximiliano Teta abusando de un poder caduco y extinto, vendió simulada o fraudulentamente a familiares y amigos, a un precio vil y sin haberse realizado una sola publicación de la venta de los inmuebles. ¿Cómo se enteraron los supuestos compradores del interés en venderlos? ¿Por qué todos eligieron al mismo escribano? ¿Cuál fue el destino del inverosímil monto consignado en las escrituras? Tal como consta de la historia clínica, Maximiliano Teta era informado de la incapacidad y del estado de salud irreversible de Luis Vázquez, lo que por otra parte reconoció en diversas presentaciones judiciales, aunándosele a ello que en la misma escribanía los supuestos compradores firmaron poderes especiales de venta en favor del mismo Teta. Es decir, Teta supuestamente vendía pero el supuesto comprador se daba vuelta y en la misma escribanía suscribía un poder de venta a favor de Teta. Conclusión: Teta simuló vender pero nunca vendió”.
Para la familia Vázquez, “esta cuestión es tan evidente y grosera que no admite margen para duda alguna. Entonces ¿Por qué el Sr. Fiscal decide no citarlos como marca el ordenamiento procesal? ¿Qué razones lo impulsan o fuerzan a no cumplir con sus funciones? La acción penal seguida por el delito de falsedad ideológica en las 34 escrituras de compraventa que se encuentra próxima a prescribir, por lo que el accionar del acusador público implica una grave violación al derecho de acceso a la justicia de mis asistidos, que nuestro ordenamiento, la Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocen. Más aún, lo actuado hasta ahora en la causa por el Ministerio Público Fiscal parece encaminado a entorpecer el avance de la causa (y alivianar las imputaciones) más que a impulsar la acción penal por todos los hechos denunciados”.
En la causa, los familiares de Vázquez también denunciaron un episodio sospechoso para que la fiscalía lo investigue y nada pasó. El abogado Matías Ledesma reportó que había recibido un mensaje en su whatsapp de una persona que se presentó diciendo ser Laura, de la escribanía Ringuelet. “De la lectura del chat que acompañamos se puede visualizar como ‘Laura’ hace expresa mención a que ‘el escribano Ringuelet tiene vínculos con un intendente y con el juez de la causa, instando a que se arribe a un acuerdo urgente’ porque ‘el intendente no quiere líos y menos con los medios’. Luego ese teléfono fue desactivado. La presentación solicitó identificar a todos los miembros de la escribanía y analizar el contenido de esos mensajes para verificar si tienen injerencia en el expediente.
