El Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI) repudió esta iniciativa jujeña y sostuvo que “Gerardo Morales prohibió el uso de idiomas indígenas”, debido a que pretende el uso “exclusivo” del español en el sistema educativo.
En su articulado especifica que "deberá ser aplicado por los docentes en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, así como en las comunicaciones institucionales internas y externas del establecimiento educativo".
Contempla que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Educación de Jujuy, que tendrá la responsabilidad de "controlar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto, dictar las normas complementarias que resulten necesarias y realizar un informe anual que detalle la evolución en la comprensión oral y escrita de la lengua española.
Una herramienta electoral
Daniel Segovia consideró que “la estrategia política de la UCR de Juntos por el Cambio, es eliminar cualquier posibilidad de que herramientas electorales como el uso del idioma indigena obstaculicen la pretensión de Morales de presidir el país y agregó que la mayoría de los jujeños dominan el idioma quechua, que obviamente el desconoce".
El responsable de la lucha por el idioma indígena en Argentina, hizo alusión a la ley nacional de educación que en su Art 17 contempla la educación intercultural bilingüe, “es decir están impulsando una ley provincial en contraposición de una legislación nacional”, lo que calificó como de "una locura absoluta".
La UCR y JxC, con la presentación de un proyecto de ley intenta disfrazar el objetivo del proyecto de luchar contra el lenguaje inclusivo quedaron totalmente expuestos, ya que los comandados Diputados de la UCR, en su proyecto plasmaron la exclusividad del uso español como una estricta prohibición aclaratoria en contra de leyes nacionales.
El proyecto de Gerardo Morales "Uso correcto del idioma español en las escuelas", tomó hoy estado parlamentario y pasará a las comisiones correspondientes para su evaluación y debate posterior en Jujuy.
Los legisladores radicales jujeños buscan con este proyecto, que se "aplique en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española (RAE)".
