De acuerdo a lo solicitado por el equipo fiscal que investiga la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone (integrado por el titular de la Fiscalía Federal de San Luis Cristian Rachid, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo)., el 28, 29 y 30 de junio se realizaron, en el barrio 544 viviendas de la capital puntana, distintas tareas para generar un informe integral de reconstrucción de los momentos cercanos a la desaparición de la niña. Guadalupe fue vista por última vez, el 14 de junio de 2021.
La medida se realizó en tres etapas: una de preparación y planificación, otra de trabajo en el terreno y la restante de análisis. En la etapa preparatoria, el equipo fiscal entrevistó y recibió el testimonio de más de 100 vecinos y familiares de la víctima; y se contó con los informes de profesionales en psicología sobre la participación de niñas y niños en la medida. También, se analizaron las comunicaciones en la zona, los registros de las antenas de las distintas compañías de telefonía y se sistematizó la información recopilada en el caso en una matriz de gestión diseñada y administrada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO).
Los últimos días de junio tuvo lugar la etapa de trabajo en el terreno. Los fiscales concurrieron al lugar donde fue vista la niña por última vez, junto a personal de la División Pericial Multidisciplinaria de la Gendarmería Nacional Argentina a cargo del Segundo Comandante Jefe Matías Vecchio. El equipo interdisciplinario que participó en las tareas incluyó a funcionarias y funcionarios de la PROTEX; de la DAJuDeCO; del área de Trata de Personas y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) -ambos del Ministerio de Seguridad de la Nación-; profesionales del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, y antropólogas de la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV). También participó personal de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) y de la Unidad de Investigaciones Córdoba -que dependen de la Gendarmería Nacional- y de la Delegación San Luis de la Policía Federal Argentina. La seguridad de perímetro de trabajo estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de San Luis. El padre de la niña, junto a su abogado, y a representantes de la Fundación María de los Ángeles -querellante en el caso- presenciaron las distintas actividades.
Los especialistas de la Gendarmería realizaron una planimetría del lugar, tomaron vistas fotográficas de los lugares de interés, filmaron los distintos escenarios y la totalidad del trabajo desarrollado y obtuvieron vistas áreas de la zona. También tomaron mediciones para hacer luego análisis de laboratorio.
En esta instancia citaron a más de 20 testigos (entre vecinos, familiares, niñas y niños) quienes el 29 y 30 de junio fueron entrevistados sobre su presencia al momento de la desaparición de la niña. También se recrearon esos momentos y se generó interacción entre los distintos testigos que presenciaron una misma escena de modo de poder alcanzar mayores precisiones sobre sus dichos. Las entrevistas fueron filmadas y, en el caso de las niñas y niños y de una testigo que padece discapacidad, se contó con el acompañamiento de sus terapeutas y de profesionales en psicología del Departamento de Cámara Gesell del Poder Judicial de la provincia de San Luis.
Por otro lado, personal de la División Pericial Multidisciplinaria de GNA y el equipo fiscal registraron los campos visuales de los distintos testigos, para lo cual se consideraron las circunstancias de luz solar, así como luminaria artificial del horario de los sucesos para su análisis posterior. También, personal de la DAJuDeCO registró las geolocalización de distintos puntos de interés para profundizar el análisis de las comunicaciones en curso.
Concluido el operativo, los fiscales y el equipo interinstitucional realizaron un primer intercambio para registro de los hallazgos y precisiones témporo-espaciales concretadas, lo cual quedó asentado en un acta.
Tras las tareas de campo se dio inicio a la etapa de análisis de la información recolectada por parte de las distintas áreas intervinientes. Tras ello la Dirección de Criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina elaborará un informe final que será cotejado con las restantes pruebas del caso y con la información sistematizada en la matriz de gestión del caso elaborada por DAJuDeCO.
Los fiscales Cristian Rachid, Leonel Gómez Barbella, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo se mostraron conformes con la medida desarrollada, alcanzaron los objetivos propuestos y agradecieron la cooperación de los testigos convocados, que permitió la recreación de las situaciones propuestas. Además, destacaron los esfuerzos de actuación coordinada entre las fuerzas de seguridad federales -GNA y PFA- así como de la policía de la provincia de San Luis.
Situación de un posible implicado en el hecho
Mientras se desarrollaban las medidas, un hombre se presentó en una comisaría de la policía provincial y se atribuyó la muerte de la niña. Ante esto, el equipo fiscal y los integrantes de las agencias de investigación intervinientes dispusieron la realización de una serie de medidas.
Entre ellas se cuenta la extracción de datos forenses UFED y del contenido del equipo de telefonía celular del hombre -a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial de la provincia de San Luis- y el allanamiento de su vivienda, a pedido de los fiscales.
El 30 de junio, personal de la División Pericial Multidisciplinaria de Gendarmería Nacional concurrió también a un lugar ubicado en la localidad puntana de Potrero de los Funes, que había sido delimitado previamente por personal de la Policía provincial. Allí se realizó una inspección terrestre, se obtuvieron muestras del suelo y vistas aéreas de la zona.
Este viernes se ordenó una prospección terrestre con perros de la Delegación San Luis, el gabinete científico de San Luis y bomberos de la Agencia Regional Federal Cuyo -todos ellos de la Policía Federal Argentina- en zonas específicas mencionadas por el hombre, a fin de recabar elementos de interés que pudiesen guardar relación con el hecho investigado.
Asimismo, se consultaron las bases del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SiFCoP), IDGE y del Registro Nacional de Reincidencia. Dichas búsquedas arrojaron resultado negativo. Por otra parte, se analizó el uso de la tarjeta SUBE del hombre, para ver si registró movimientos en las inmediaciones del barrio donde se extravió la menor de edad.
Finalmente, se encomendó a la DAJuDeCO la realización de diligencias sobre la línea telefónica del hombre, tales como la identificación del abonado en el barrido de antenas solicitado respecto del día y posible horario de la desaparición y la geolocalización a partir de la actividad registrada en sus aplicaciones móviles.