Cinco integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) están siendo juzgados por el delito de estafa por cobrar comisiones en los montos de los planes sociales que entregaban a personas de escasos recursos desocupadas. Nueve de ellas se animaron a denunciarlos y explicar la modalidad mediante la cual quienes ahora están sentados en el banquillo de los acusados lucraban con su necesidad quedándose con parte del dinero del plan u obligándolos a ir a marchas y cortes de calles a cambio de una bolsa de alimento.
De acuerdo a la información oficial de la fiscalía de Comodoro Rivadavia, la ciudad más importante de Chubut y escenario de los hechos, los imputados son Florencia, Mauricio y Rosa Ruiz, Joana Painemal y Patricia Mercado. Algunos de ellos, con un muy buen pasar económico.
La denuncia original tenía que ver con el origen de los planes sociales aportados por el Gobierno Nacional y provienen en consecuencia del erario público. “El Juzgado Federal la tramitó pero por la pandemia estuvo parada más de un año. La remitieron por incompetencia a la Justicia Provincial. Recibí el caso en mayo de 2021 y noté un delito de extorsión aunque tenía un antecedente previo de amenazas y cohecho”, explicó el fiscal Héctor Iturrioz.
Agregó que al entrevistar a los denunciantes, conoció la modalidad operativa de esta “unidad de gestión” y recibió llamados de toda la provincia, advirtiendo sobre casos en otros movimientos sociales como el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa, que supuestamente aplicaban metodologías similares.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene como referente nacional a Juan Grabois, lo cual además fue reconocido por los cinco imputados. Podría caberles la calificación jurídica de extorsión, que prevé penas de entre cinco y diez años de prisión. “La extorsión es cuando mediante la intimidación se saca a la personas dinero o documentos”, explicó Iturrioz en declaraciones al diario Jornada de Trelew.
Existen algunos reconocimientos públicos sobre esta metodología, como el que hicieron integrantes del Movimiento Evita: le sacan el 2 por ciento a todos los beneficiarios de los planes sociales.
Iturrioz explicó que en la instancia previa, se generó una demora de la Judicatura y de seis allanamientos solicitados sólo se autorizó uno. “Queríamos secuestrar los celulares de todos los imputados porque todos los mecanismos de presión e intimidación eran a través del teléfono. No nos dieron lugar. Esto generó que tuviéramos que investigar sin apertura. La causa tiene ya prueba suficiente y sólida como para presentar una acusación solvente que acredite la instancia de juicio, no tengo ninguna duda. Solamente nos faltan algunas pericias informáticas y algunas pruebas que deben llegar desde Nación”.
El fiscal explicó la metodología aplicada por los imputados de acuerdo a las primeras pruebas y declaraciones de los perjudicados. “El MTE hacía una convocatoria y les ofrecían acceder a un plan social. Pero los obligaban a ir a las marchas aunque la gente no sabía siquiera por qué marchaba. A partir de acceder al plan y al recibir la primera cuota tenían que pagar. Les pedían alrededor del 10 por ciento del monto que cobraban. Además aquellos que no querían realizar alguna contraprestación debían pagar el doble. Estas metodologías se vienen aplicando desde 2017.
Entre los testimonios recogidos está el de una mujer que tuvo que viajar a Formosa porque tenía el padre enfermo. Siguió cobrando el plan pero tenía que enviar el porcentaje a los integrantes del MTE por micro. Y otro dijo que lo obligaban a ir a las marchas con su hijo no vidente de 8 años a cambio de una bolsa de comida. “Hay un montón de cosas feas e indignantes”, expresó el fiscal. Chubut. Corresponsal.
