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TOMANDO DECISIONES

Javier Milei desafía al Senado al nombrar jueces de la Corte por decreto

El Presidente designó en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema, acusando a la Cámara Alta de bloquear el proceso.

Javier Milei desafía al Senado al nombrar jueces de la Corte por decreto

Tal como se preveía, Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión llega tras casi un año de demoras en el Senado, que no trató los pliegos enviados por el Ejecutivo.

"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros", afirmó un comunicado oficial.

El texto también apuntó contra la falta de acción del Senado: "El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia".

Desde marzo de 2024, Milei propuso a Lijo y García Mansilla para integrar la Corte. En abril, el Poder Ejecutivo publicó sus antecedentes y abrió el proceso de consulta ciudadana. En mayo, envió los pliegos al Senado, que nunca los trató formalmente.

El gobierno subrayó que la decisión presidencial está amparada en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que permite al Presidente realizar designaciones en comisión cuando el Senado no está en sesión. Además, mencionó antecedentes históricos de nombramientos similares durante los gobiernos de Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Mauricio Macri.

La medida genera un nuevo frente de tensión con el Congreso. Desde la oposición, algunos senadores adelantaron que podría haber impugnaciones legales, mientras que sectores oficialistas respaldaron la decisión como una respuesta a la "parálisis política" del Senado.


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